Igual defiende la profesionalidad de los empleados municipales a los que Ascán ha interpuesto una querella

Después de que ayer Ascán presentara una querella criminal contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Santander por «prevaricación administrativa», hoy la alcaldesa Gema Igual ha salido en defensa de los empleados públicos. Ha destacado su «profesionalidad y rigor» y ha asegura que no va a tolerar que se ponga en tela de juicio la «honestidad y el buen hacer de tres personas que están cumpliendo con su deber, ejerciendo la labor de control a una empresa que tenía unas obligaciones contractuales con el Ayuntamiento que no ha cumplido», ha dicho.

Por eso, según la alcaldesa, se va a poner el servicio jurídico municipal y «cualquier otro medio» a disposición de estos tres empleados públicos, que son la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, el interventor del Ayuntamiento, Ignacio Gómez, y la directora de Desarrollo Sostenible, Julia Benito. Según explicó ayer a los medios de comunicación el presidente de Ascán, Santiago Díaz, ha existido prevaricación administrativa porque, al día siguiente de las elecciones de 2019, se tramitaron nueve expedientes sancionadores contra su empresa: «Llevábamos prestando el servicio 16 años en Santander y nunca se nos acusó de incumplimientos hasta la noche electoral».

Sin embargo, la alcaldesa ha recalcado que la rescisión del contrato dos años antes de lo acordado queda más que acreditada, señalando los «incumplimientos» por parte de la empresa no solo a través de ese trabajo de fiscalización realizado por los servicios municipales, que se plasman en informes de Intervención, Medio Ambiente, jurídicos o de Contratación sino que también «existen numerosas sentencias judiciales respecto a este contrato a favor del Ayuntamiento».

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Consejo de Estado ha respaldado la postura del Ayuntamiento, avalando las acciones que se han venido llevando a cabo ante los incumplimientos por parte de la empresa y refrendando la conveniencia de resolver el contrato y aconsejando, además, retener la garantía, liquidar el contrato y determinar los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, acciones que se llevarán a cabo «con la mayor agilidad posible».

Igual ha recordado que en los años 2014 y 2015 se impusieron las primeras penalizaciones por déficit de inversión en maquinaria e incumplimientos en materia de personal, que la empresa concesionaria recurrió ante los juzgados, y que, en todos los casos, fueron confirmadas por los tribunales.

Además, desde el año 2018, se han tramitado otros 21 expedientes de penalización por el deficiente estado de mantenimiento y limpieza de papeleras y contenedores, la falta de funcionalidades de la plataforma de gestión del servicio o el retraso en la implantación del servicio de atención al ciudadano, como resultado de los informes que ha ido emitiendo la empresa de control. «Desde 2005 hasta 2020 los tribunales de justicia han dictado más de una decena de sentencias en relación con el contrato de basuras y, en todas y cada una de ellas, se han confirmado los incumplimientos indicados por los técnicos municipales. Tal es así que, a día de hoy, ya son firmes penalizaciones que alcanzan un importe total cercano al medio millón de euros», ha detallado.

Actualmente se encuentran abiertos otros diez procedimientos judiciales, dado que la persistencia de los incumplimientos afecta a la facturación del contrato, mes a mes, ha explicado la alcaldesa.

Para Igual, el ayuntamiento que dirige ha actuado con Ascán con «absoluta prudencia y proporcionalidad» durante todos estos años: «Hemos apercibido a la concesionaria de sus incumplimientos para que los corrigiese; imponiendo después -con la misma intención de que fueran corregidos- penalizaciones en las que la empresa ha tenido la oportunidad de plantear las alegaciones que ha considerado oportunas; detrayéndole posteriormente cantidades en cada una de las facturas por los servicios que no ha prestado; y, finalmente, tras agotar todos los mecanismos a su disposición para tratar de enderezar la prestación del servicio, tramitando y acordando la resolución del contrato». Por todos estos motivos y no logrando, según Igual, que Ascán cumpliera sus obligaciones, el Ayuntamiento tomó la decisión de resolver el contrato.

Y en este momento de la ecuación entra Cespa, la nueva empresa responsable del servicio de limpieza y recogida de basuras de la capital cántabra, con la que el consistorio ha firmado un contrato de emergencia -de carácter indispensable y esencial-, dado que, según la alcaldesa, ha quedado acreditada la imposibilidad de que sea el propio Ayuntamiento el que lo preste y también la improcedencia de que continúe a cargo de la empresa con la que se ha resuelto el contrato por incumplirlo.

Ascán anunció ayer que también interpondrá un recurso contencioso-administrativo para paralizar ese nuevo acuerdo con Cespa tras la resolución de su contrato, que en principio empezaría a trabajar el 11 de noviembre. ¿Por qué? Porque la Ley de Contratos del Estado, como resumió ayer el director de servicios del grupo Sadisa (al que pertenece Ascán), Rubén Varela, recoge que para adjudicar el servicio a una nueva empresa con un trámite de emergencia se debe dar uno de los siguientes supuestos: que sea una cuestión de defensa nacional, que se desencadene de una catástrofe natural o que se esté en una situación de grave peligro. «Creo que no estamos en ninguno de los tres casos». También aseguró que «no existe precedente» en España de una actuación como esta.

Pero para la alcaldesa de Santander el nuevo contrato significa no mirar atrás y dar pasos firmes. Por este motivo, y con el fin de «dotar de la mayor objetividad» a este proceso, se ha utilizado como criterio el resultado de la anterior licitación, de manera que el Ayuntamiento se ha dirigido a la empresa que presentó la segunda oferta mejor valorada, que fue Cespa, a la que se adjudica el servicio durante el tiempo indispensable para la licitación, adjudicación y formalización de un nuevo contrato, un proceso que se agilizará al máximo posible. «Hemos dado, en todo momento, pasos firmes, que se han visto respaldados por los tribunales y por el Consejo de Estado, para conseguir el objetivo que buscamos desde el principio: que Santander cuente con los máximos estándares de limpieza y se acabe con una situación de deterioro en el servicio que no solo han constatado los técnicos municipales y los responsables políticos que estamos al frente del Ayuntamiento sino que es objeto de críticas y quejas habituales tanto por parte de los grupos de la oposición como de los ciudadanos», ha resumido la alcaldesa.

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