Los inquilinos de Santa Clara con renta antigua vitalicia tendrían que irse «solo por fuerza mayor»

Según fuentes jurídicas cercanas al caso, un arrendatario con un contrato de estas características «no tiene por qué irse» del piso donde vive de alquiler «a no ser que, por causas de fuerza mayor, haya que desalojarlo». Tampoco se pueden realizar obras en zonas comunes que puedan afectarle directamente o incomunicarle como, por ejemplo, retirar el ascensor: «No se puede dejar a la gente encerrada en su casa». La intención del fondo inmobiliario que ha comprado el edificio, Global Cuena SL, es realizar una rehabilitación integral y remodelar cada centímetro del inmueble, algo que no podrá hacer mientras haya inquilinos en su interior. «Lo que sí podría pasar es que empiecen las obras dentro de una de las viviendas que hay vacías y, si detectan que, por ejemplo, las tuberías o el cableado que lo conectan con el resto del edificio están en mal estado, tirar de esa razón para llevar las obras a zonas comunes», explican estas fuentes jurídicas.

La renta antigua no es igual en todos los casos. Como el resto de contratos, su duración depende de aquello que en su día negociasen el casero y el arredantario. Este tipo de alquiler, que abarca los contratos anteriores a 1985 y están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, dura en la mayoría de ocasiones hasta que fallece el inquilino, aunque es posible alargarlo si el acuerdo se subroga a terceros, como cónyuges o hijos.

Varios arrendatarios -o sus representantes- de Santa Clara 8 se han reunido ya con los abogados que representan a Global Cuena para barajar opciones. Fue la empresa, a través de sus servicios jurídicos, quien repartió a mediados de marzo entre los vecinos una carta en la que los instaba a reunirse para «exponerles cuáles son nuestro objetivos y los tiempos necesarios para conseguirlos». La carta rezaba también lo siguiente: «Entendiendo que, de alguna manera, las obras que se realizarán inevitablemente en todo el edificio para que responda al uso que se pretende de una manera eficaz, afectará a su vida diaria, nos interesaría a la mayor brevedad posible celebrar la reunión para considerar todas las posibilidades de actuación».

Las primeras ofertas no convencieron mucho a los inquilinos. A varios les ofrecían pagarles la mudanza y darles 6.000 euros para que hicieran frente a los primeros meses de alquiler en otro sitio, ya que el precio del mercado está muy por encima del que pagan con las rentas antiguas. En el caso de Mantilla, la oferta que le hicieron era asumir la mudanza a otro piso, que podía ser en la misma zona, y pagarle la diferencia de alquiler entre lo que paga actualmente y lo que costase el piso donde se vaya, opción que ya rechazó: «No me quiero ir de mi casa de ninguna manera».Aunque la venta del edificio de los anteriores propietarios a Global Cuena se acordó hace más de un mes, el fondo todavía no ha otorgado la escritura de compra, que se producirá «entre finales de mayo y principios de junio», según fuentes jurídicas.

El Grupo Socialista preguntará este viernes en el Pleno sobre la situación de este inmueble y del resto de viviendas turísticas de Santander. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha registrado una veintena de cuestiones que hacen referencia a la situación que atraviesan estos vecinos, «que están sufriendo las presiones del propietario que quiere destinar el inmueble a apartamentos turísticos» y pedirán al equipo de gobierno que informe si Global Cuena ha presentado alguna solicitud de cambio de uso.

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