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Sus caseros «de toda la vida» no les avisaron y han tenido que enterarse por los abogados de la nueva propiedad de que el ... inmueble ha cambiado de dueño y de que, además, los pocos inquilinos que quedan tienen que irse cuanto antes: «Nos quieren echar de nuestras casas para convertirlas en pisos turísticos». La empresa que ha adquirido el edificio situado en la calle Santa Clara número 8 –y cuya fachada está ennegrecida por la quema de unos contenedores cercanos la pasada semana– quiere rehabilitarlo de arriba a abajo para destinarlo al uso vacacional, razón por la que necesita que aquellos que siguen viviendo allí hagan sus maletas y se marchen. Son pocos, y la mayoría bastante mayores –excepto una pareja joven, el resto tiene entre 70 y 89 años–, pero no tienen intención de perder sus casas sin pelear. Allí han pasado los momentos más importantes de sus vidas o, directamente, su vida entera. Han nacido allí o lo han hecho sus hijos, han disfrutado de lo bueno y sufrido lo malo. Todos los recuerdos están entre esas cuatro paredes y los más mayores ya tenían asumido que vivirían allí hasta el final.
Hay dos tipos de inquilinos en el edificio. Los que tienen un alquiler normal, que se extinguirá una vez llegue la fecha fin de sus contratos, y los que tienen rentas antiguas, que son vitalicias. Y estos últimos no van a dar su brazo a torcer. Algunos se han reunido con los abogados de la propiedad, pero otros se han negado a citarse con ellos porque «no tengo nada que hablar, no me quiero ir de mi casa». También los hay como Conchita Mantilla, que ha delegado en su propio abogado: «Se han ofrecido a pagarme la mudanza y la diferencia del alquiler del sitio a donde vaya, aunque no me han dicho durante cuánto tiempo». No han sido mucho más generosos con los demás: «A mí me ofrecen 6.000 euros y pagarme la mudanza. ¿Qué hago con eso? ¿Y dónde tendría que irme? No hay nada claro».
Los inquilinos, que supieron hace aproximadamente un mes que había una nueva propiedad y que quería desalojar el edificio, tienen muchas dudas sobre si pueden negarse o no. Ya están poniendo el asunto en manos de sus abogados, pero las expectativas no están claras. «Ha habido más casos así; en unos han ganado los inquilinos y, en otros, la propiedad», explica uno de los vecinos afectados. «El proceso sería mucho más fácil si hubiera un solo vecino que fuera propietario de un piso, porque sí o sí tendrían que negociar y ofrecerle algo a esa persona y al resto, pero todos estamos de alquiler». Es el más joven de los afectados y ha echado cuentas: «Estos pisos, reformados y en esta ubicación, van a costar como mínimo 500.000 euros. Si los alquilasen, no bajarían de 1.000. Es imposible que nos ofrezcan algo similar y las ofertas económicas que nos están haciendo son en función de lo que pagamos, que es mucho menos». Con la renta antigua, actualmente pagan entre 300 y 600 euros, depende del piso.
Mantilla es la más mayor de los inquilinos afectados. «He pasado aquí gran parte de mi vida, aquí nació mi hijo, aquí enviudé y aquí pensaba estar hasta el final. Se han pensado que lo tenían fácil, que era 'echar a cuatro viejos', pero yo de aquí no me voy». Otra vecina que prefiere no dar su nombre, de 70 años, explica que nació en este edificio. «Tengo una discapacidad superior al 80%, ¿de verdad me van a echar o hacer la vida imposible para que me vaya?». Vive con su marido y también tienen un local en el edificio, con una peluquería que en su día regentó ella y que ahora lleva su hija. «La peluquería tiene 72 años, ¿también van a buscarnos un local?». Otra de las afectadas, de 75 años, tiene claro que «no quiero compensación; ¿acaso van a realojarnos en esta zona? Veo clarísimo quedarme en mi casa».
Aunque los vecinos van a luchar hasta el final, la empresa ya tiene listo un primer borrador del proyecto, al que ha tenido acceso este periódico. En el largo listado de actuaciones previstas se incluye abrir huecos en todas las plantas para un segundo núcleo de escaleras, demoler tabiquerías no estructurales, retirar todas las acometidas de agua, gas y electricidad para reemplazarlas por otras que cumplan la normativa, picar todos los recubrimientos interiores de las viviendas, rehabilitar las fachadas exteriores, los patios interiores y las viviendas existentes –modificando su distribución– e integrar un segundo ascensor. En el documento se recoge que la duración de las obras para acometer estos trabajos será de aproximadamente 24 meses y que el edificio deberá estar totalmente desalojado para llevarlo a cabo.
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Ana del Castillo
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