La integración ferroviaria en Santander se financiará con el aprovechamiento urbanístico de 50.000 metros cuadrados

Que el proyecto, del que ya se han dado los primeros pasos, termine en realidad depende de dos circunstancias clave. Primero, que se pongan de acuerdo las tres administraciones para realizar las obras y, segundo, lograr la financiación necesaria para poder ejecutarla en un contexto de dificultades económicas para los dos gobiernos y el ayuntamiento.

Que las tres administraciones se pongan de acuerdo no parece, en principio, un gran escollo. Ministerio y Ayuntamiento son del mismo color político (Partido Popular), al frente de Fomento se halla el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y con el bastón de mando la que era su principal colaboradora, Gema Igual. Además, ambos creen que la integración ferroviaria es una obra esencial para la ciudad y su apuesta parece clara y decidida. El problema puede estar en la posición del Gobierno cántabro (un bipartito entre regionalistas y socialistas) que debe dar el sí definitivo a una actuación de la que pueden sacar un gran rédito De la Serna e Igual. Hasta la fecha, el Ejecutivo se ha escudado en la elevada inversión que el proyecto le supone para sus arcas y se ha mostrado bastante remolón, hasta el punto de que aún no ha dado un sí de forma pública. Y es ahí, donde entra el segundo problema: la financiación de los 187 millones que cuesta, inicialmente, el proyecto. ¿De dónde va a salir ese dinero?

Conocer la respuesta ya es posible gracias a la propuesta de convenio que el Ministerio de Fomento ha trasladado al Gobierno regional aprovechando la reunión celebrada la pasada semana entre el presidente Revilla y el ministro De la Serna, y a la que ha tenido acceso este periódico: de los aprovechamientos urbanísticos, es decir, del rendimiento económico que se obtenga de las futuras construcciones y usos de las dos zonas liberadas, la calle Castilla y la parte superior de las vías cubiertas. ¿Y cuánto terreno se destinará a la edificabilidad? Un máximo de 50.000 metros cuadrados, tal y como viene reflejado en la propuesta de convenio, donde textualmente se cita que los ingresos que se obtengan «irán destinados a reintegrar los importes aportados por las instituciones, aminorando así los costes asumidos por cada Administración».

El convenio, además, establece que en el caso de que se produzcan excedentes, dichos recursos se aplicarán en infraestructuras del transporte ferroviario en Santander.

¿Y qué se podrá construir en esos 50.000 metros cuadrados? El documento habla de uso residencial, terciario, comercial y hotelero. La actuación se complementará con zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos.

Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 1997, que es el que está vigente en la actualidad tras la anulación en los tribunales del de 2012, contempla el desarrollo urbanístico del área de 'Cajo', con una superficie de 16.800 metros cuadrados y una edificabilidad del cien por cien. El Ayuntamiento está dispuesto a aportar a la operación el beneficio económico de su desarrollo.

El mecanismo de actuación es sencillo. Adif se compromete a desafectar el aprovechamiento urbanístico de los suelos afectados y a aportar a la actuación los ingresos que se obtengan por la enajenación de estos terrenos y su rendimiento económico. El Gobierno de Cantabria se compromete a tramitar y aprobar el Plan Especial. Y el Ayuntamiento de Santander deberá desarrollar el área específica de las 'Estaciones' con un límite marcado entre los dos edificios y el entorno de la pasarela peatonal sobre las vías de conexión entre la calle Alta y la calle Castilla.

Para velar por el cumplimiento de las obligaciones que contraerá cada administración, Ministerio, Gobierno y Ayuntamiento crearán una comisión de seguimiento, que se reunirá por lo menos una vez cada seis meses.

El convenio, que es analizado estos días en el departamento que dirige José María Mazón, establece las obligaciones económicas de cada una de las administraciones implicadas y las prevenciones para su cumplimiento. Así, los firmantes deberán aportar los documentos contables o certificados que avalen que cuentan con créditos suficientes para pagar las obras antes de la licitación. Además, habrá que mantener un incremento respecto a los importes de adjudicación de un 20% durante el plazo de ejecución y liquidación de los contratos con el fin de poder hacer frente a posibles incidencias contractuales.

Existe la posibilidad también de establecer un sistema de pago de anualidades.

La obra en sí consistirá en el desplazamiento del haz de vías de ancho métrico (las que utiliza Feve) para ubicarlas junto a las de ancho ibérico (las de Renfe). Adif prevé un total de seis vías y tres andenes. Todos los servicios de viajeros quedarán integrados en una única estación y se repondrá el aparcamiento de la zona, que actualmente dispone de 500 plazas.

Fuera del ámbito del convenio, Adif ejecutará el by-pass de conexión de las vías de Feve Oviedo-Santander y Santander-Bilbao con el objeto de suprimir las circulaciones de los trenes de mercancías que actualmente se ven obligados a utilizar la estación de Santander para realizar la inversión de la marcha.

Un vez hecha la integración, se procederá a cubrir el haz de vías y los andenes de la estación, desde la cabecera hasta la pasarela peatonal. El resto consistirá en la urbanización de los terrenos que se liberen y de los nuevos suelos generados por la cobertura.

De toda la operación para reordenar el espacio ferroviario en Santander, lo más inmediato es la liberación de 1.500 metros cuadrados en Castilla-Hermida cuando sean derribados tres edificios en la calle Castilla. La obra corre a cargo del Ayuntamiento, con un coste de algo más de 400.000 euros. Está previsto, según señaló recientemente el Consistorio, que los primeros derribos (se harán en tres fases) se inicien antes de que finalice el año.