Los intereses de los partidos se imponen a los informes técnicos en el conflicto de los diques de La Magdalena

Las playas de Los Peligros y La Magdalena subsisten desde hace más de 25 años gracias a los rellenos de arena. Este fue el punto de partida por el que ya en el año 2000 comenzó a barajarse la posibilidad de construir dos –o tres– espigones que frenasen los movimientos de arena y estabilizasen las playas para impedir la pérdida que se repite todos los inviernos. La idea sonó con más fuerza a partir de 2009 y se le fue dando forma durante los siguientes años. Fue el anterior alcalde, Íñigo de la Serna, quien a partir de 2015 empezó a trabajar más profundamente en la intención de construir las escolleras. Ese mismo año, un informe de la Universidad de Cantabria (UC) calificó la construcción de los espigones como «la mejor opción» para reconducir las mareas.

Por aquel entonces, los populares contaban con 13 concejales –a falta de uno para la mayoría absoluta– y un as en la manga. El Gobierno de España también estaba liderado por el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, por lo que el entendimiento entre las dos Administraciones fue fluido y el Ministerio de Medio Ambiente anunció en enero de 2016 que licitaría la obra para levantar los espigones. El salto se realizó desde el ámbito más local, el Ayuntamiento, al nacional sin pasar por el Gobierno regional, liderado, igual que ahora, por el bipartito PRC-PSOE. Un mes después, el Ministerio dio luz verde a la obra y dejó caer que sería «llamativa» en cuanto al impacto paisajístico. A lo que De la Serna, al ser preguntado por esta expresión, expuso que no tendría ningún impacto a nivel visual.

Los trámites para poner en marcha la construcción de los diques iba viento en popa. En marzo de 2016, la obra sale a concurso por dos millones de euros y es ahí cuando saltan las alarmas en el Gobierno regional. El bipartito se plantea recurrir el proyecto al considerar que no se ha realizado ningún «estudio en profundidad» que demuestre que es la mejor solución para preservar las playas. El asunto llega al Parlamento de Cantabria y todos los partidos, excepto el PP, piden que la licitación se paralice para llevar a cabo un nuevo informe de impacto medioambiental.

Los líos entre Administraciones empiezan a acumularse. La entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, expone en abril de 2016 que desde su departamento ya han realizado los informes pertinentes que certifican que los diques son la mejor solución para preservar las playas. No parece suficiente para el PRC y el PSOE, quienes recurren la intervención porque, según explican, «no existen garantías de respeto para el Puntal y el estuario del Río Miera». Un mes después, Costas rechaza la petición del Ejecutivo regional y este lo denuncia ante la Audiencia Nacional. Mientras tanto, el Ministerio sigue adelante y adjudica las obras en agosto.

Por si hubiera pocos conflictos políticos en torno a los diques, en noviembre de 2016 De la Serna deja la Alcaldía para convertirse en ministro de Fomento y Gema Igual toma el relevo al frente del Ayuntamiento. Sin embargo, este cambio en las filas del PP parece, en ese momento, que calma el asunto de los espigones porque el Gobierno regional paraliza su recurso y opta por solucionarlo extrajudicialmente. En junio, se anuncia el desbloqueo del proyecto porque Cedex publica un informe a favor de la construcción de los diques.

La construcción de los espigones se adjudica a Tragsa a finales de 2017 y las obras arrancan en febrero de 2018. Un mes después, ya está prácticamente terminado uno de ellos y surgen las primeras protestas ciudadanas del Grupo Alceda y ARCA. El Ayuntamiento sigue adelante y prepara el material para levantar la segunda escollera, esas mismas piedras que han comenzado a retirarse este lunes, casi tres años después. Es en este momento cuando entran aún más actores al conflicto. El PRC municipal decide llevar al Pleno la parálisis de las obras al considerar que el impacto visual es superior al que se expuso en un primer momento. Pero la moción no sale adelante porque el PP, con el apoyo del concejal no adscrito David González, suma mayoría de 'noes'.

El Gobierno de Cantabria, a pesar de haber retirado su recurso en 2016, vuelve a la carga y se apoya también en ese impacto visual para exigir la marcha atrás de las obras. Lo lleva al Parlamento y, otra vez, todos los partidos excepto el PP, lo apoyan. Las manifestaciones de 'Salvar La Magdalena' continúan, reuniendo en las playas a 300 personas. También se suceden varias denuncias para frenarlo, aunque todas terminan archivadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica paraliza la obra indefinidamente en septiembre de 2018 (tres meses después del cambio de Gobierno en España y con el socialista Pedro Sánchez como presidente) y el IH recalca que, si no se ejecutan los dos espigones, uno sólo no será capaz de frenar la pérdida de arena. En el Pleno del Ayuntamiento, el PP, apoyado de nuevo por el concejal no adscrito David González, pide que las obras continúen.

Aunque Cedex ya había presentado un año antes un informe a favor de los diques, se solicita un nuevo estudio a esta entidad y, en febrero de 2019, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirma que efectivamente son necesarios para proteger La Magdalena y deja la decisión en las manos del Ejecutivo regional y el Consistorio.

La falta de consenso entre las dos Administraciones termina de un plumazo tras las elecciones municipales de 2019. A raíz del pacto de Gobierno con Ciudadanos, el PP abandona su posición 'pro espigones' y se compromete a apoyar la parálisis de la obra y la retirada del dique que llegó a construirse. Con todos de acuerdo, las obras para recuperar la imagen original de las playas ha comenzado esta semana.