El interventor cifra en casi 6 millones la cantidad pendiente de justificar en Parques y Jardines

En el trabajo del interventor se hacen alusiones constantes a la «ausencia de documentación». Pocos papeles e, incluso, escasa ayuda -explica- para hora de elaborar el informe. Por parte del jefe de servicio («inaudita ausencia de documentación»), de la empresa («poca colaboración», «no aportan» lo requerido o contiene «numerosos errores», lo que le lleva a hablar de «opacidad del servicio») y de organismos como la Tesosería General de la Seguridad Social (denegó la información, según el interventor) o el Servicio Cántabro de Empleo.

Con lo que tiene, el interventor va desgranando diferentes aspectos del contrato. Empieza por lo relativo al personal. Y enumera. No hubo «lista única de categorías, especialidades, asignación física a puestos, núcleos o unidades de trabajo», que se considera un documento inicial para el control y tampoco se efectuó «la entrega mensual de las copias de los Seguros Sociales». No consta «ninguna solicitud de autorización» para aumentar o disminuir la plantilla y no se comprobaron los posibles cambios por parte del servicio municipal. Tampoco hay solicitudes respecto a suplencias por vacaciones o cambios de temporada y el interventor refleja que, según el antiguo jefe de servicio, esos puestos se cubrían con «prácticas de estudiantes» o con gente de «centros de formación». «No pueden suplirse trabajadores especializados por estudiantes en prácticas», recuerda el documento. Con todo, desde el punto de vista económico, lo más destacado es que «se constata que el personal afecto al servicio es inferior al número de trabajadores asignados en su oferta, así como al exigido en los pliegos». Había, dice, menos trabajadores y no se realizó «un control o comprobación» por parte del servicio municipal de Parques y Jardines. Se habla, de hecho, de «un enriquecimiento injusto de la empresa» que ascendería, en total, a algo más de dos millones de euros.

Respecto a los medios técnicos utilizados el funcionario dice que «la empresa no ha acreditado la inversión que se comprometió a realizar» y que aquí el control también fue «nulo». «No se ha comprobado el inventario inicial, no se han requerido las variaciones de inventario, ni se han realizado inspecciones periódicas documentadas». Entre lo relativo a vehículos y la obligación de renovarlos a los cinco años, y la maquinaria, en torno a 1,8 millones más pendientes de justificar, según el informe.

Y va sumando (las cantidades en entredicho en cada caso están desglosadas en los cuadros adjuntos). Aporta cifras concretas salvo en el caso de las mejoras comprometidas. ¿Por qué? Porque, dice, no hay ningún papel. «Ni un solo documento firmado por parte del Ayuntamiento que acredite la realización de las mejoras ofertadas». Así que se propone que el servicio realice «los informes procedentes» o que se encarguen a «un asesor externo».

Queda, por último, lo relativo a la revisión de precios. «No se ha realizado para el periodo febrero de 2014 a febrero de 2018, una vez que se realizó la primera revisión favorable a los intereses de la empresa, cuando también hubiera supuesto un ahorro considerable para el Ayuntamiento», expresa en las conclusiones el interventor. En este caso, esa revisión se calcula en 878.279,54 euros. La suma de todas las partidas, casi seis millones.