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El juez ha vuelto a desestimar la petición de Ascán-Geaser de imponer medidas cautelares al contrato de emergencia del Ayuntamiento de Santander con Cespa, la empresa que, en la medianoche de este miércoles tomará el relevo de la compañía que, en los últimos ... 28 años, ha prestado el servicio de limpieza y recogida de basuras en la capital. El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, Juan Varea, ya había desestimado el pasado viernes la imposición de medidas cautelarísimas que solicitó Ascán para evitar que se consume el traspaso entre empresas y el Ayuntamiento tuvo cinco días para alegar al escrito presentado por la adjudicataria saliente.
El Consistorio respondió este martes y el juez ha contestado en la mañana de este miércoles, de nuevo en contra de los intereses de Ascán. En el auto que rechaza la paralización del proceso se señala que, en la reclamación elevada al tribunal, «no se acredita la producción de perjuicios irreparables en caso de no suspenderse» el traspaso entre empresas y que Ascán «invoca defectos que, en caso de existir, serían subsanables» al ir contra el contrato de emergencia que el Ayuntamiento ha firmado con Cespa. El juez también remarca que el interés en ejecutar el cambio de adjudicataria «es innegable al ser el objeto del contrato la prestación de un servicio público de limpieza pública viaria».
Todo va más deprisa de lo previsto, ya que el plazo que el Consistorio tenía para alegar expiraba este viernes, día 12, con lo que se esperaba que la decisión final en los tribunales sobre la paralización o no del contrato se produciría después de que Cespa se hubiera hecho cargo de la limpieza de la ciudad, ya que la empresa sustituta entrará en acción esta noche.
El traspaso entre concesionarias que impulsó el Ayuntamiento está siendo intrincado por el procedimiento judicial abierto por Ascán para tratar de paralizar esta adjudicación de emergencia, que tiene su origen en los incumplimientos de contratos de la adjudicatara del servicio que le habrían costado a la ciudad en servicios no prestados unos ocho millones de euros.
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Ascán, que niega la mayor, está usando todos los recursos a su alcance para evitar que se conume el cambio de contrato. Ha puesto en marcha medidas legales contra un funcionario municipal y dos altos cargos y también quiere que los tribunales impidan que la nueva empresa asuma el servicio, pero por el momento sus demandas no están encontrando respaldo en el juzgado. Anteriormente, la adjudicataria no había contestado a los requerimientos del Ayuntamiento y, cuando este eligió una compañía sustituta, evitó reunirse con sus responsables a solo 48 horas del cambio de gestión.
Enmedio, además, está el temor de los trabajadores a que este proceso les haga sufrir económicamente. Según han asegurado en las últimas horas, a 10 de noviembre todavía no han cobrado el salario de octubre y temen que no se lo ingresen antes de que los subrogue la nueva empresa.
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