El juez manda a prisión provisional al detenido por el atropello mortal de Santander

El instructor le imputa al investigado, que había consumido marihuana y cocaína en el momento de los hechos, un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de abandono del lugar del accidente, un delito contra la seguridad vial por no contar con carné de conducir, allanamiento de morada y hurto de uso.

Efectivos de la Policía Nacional de Santander, que se han hecho cargo del detenido desde el miércoles, pusieron este viernes, por la mañana, a Eduardo Mirones a disposición del juzgado de guardia de Santander, donde se celebró una comparecencia con la presencia de su abogado y la acusación pública. La fiscal de guardia solicitó la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que el letrado que asistió al detenido interesó la libertad provisional y sin fianza, y, «alternativamente», su ingreso en un centro psiquiátrico

Por su parte, el investigado se acogió a su derecho a no declarar. De momento ha decidido guardar silencio, según han detallado fuentes cercanas a la investigación.

Tras escuchar a todas las partes, el instructor atendió la petición de la Fiscalía y decidió enviar al detenido al penal de El Dueso (Santoña). En el auto en el que acuerda la prisión provisional, remitido a los medios de comunicación por el gabinete de prensa del TSJC, el magistrado hace un relato de los hechos en la línea de lo recogido por el atestado policial.

El investigado sustrajo sobre las 15.40 de este miércoles una furgoneta de una empresa de seguridad en la calle Ruiz de Alda de Santander y condujo con ella por la ciudad durante una hora tras haber consumido cocaína y marihuana, «que le afectaba gravemente a la conducción».

Como consecuencia de ello, «realizó una conducción gravemente irregular y a gran velocidad, colisionando con dos turismos que ocupaban la S-20». A las 16.30 horas, la Policía Local recibió una llamada informando que en la rotonda de la Avenida de la Constitución confluencia con la calle Justo Colongues, una furgoneta (la que había sustraído el detenido) había colisionado con otra y el conductor se había dado a la fuga sin aportar datos (y sin causar heridos).

Cinco minutos más tarde, otra llamada comunicó que se había producido un grave accidente en la glorieta de la Avenida de la Constitución confluencia con la calle Repuente.

Mirones circulaba a gran velocidad y atravesó la rotonda por su zona ajardinada, siguiendo una trayectoria rectilínea, saliendo a los carriles de circulación, donde colisionó con un turismo (resultando herida leve una pasajera menor de edad) y prosiguiendo la marcha subiéndose a la acera, circulando por ella 35 metros, impactando con una farola del alumbrado público y atropellando a una mujer de 72 años, que estaba esperando para cruzar por el paso de peatones regulado por semáforos. El impacto le causó a la mujer «un traumatismo craneocervical que le provocó la muerte inmediata».

Tras cometer el hecho, «huyó del lugar del accidente y accedió a un chalé sin consentimiento de sus moradores, siendo posteriormente localizado y detenido por la Policía», concluye el relato que hace el juez.

En su auto, el magistrado justifica la medida privativa de libertad porque concurren tres requisitos exigidos por la ley para el ingreso en prisión provisional: indicios de la autoría, pena superior a dos años y riesgo de fuga. Así, explica que «constan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente de los hechos al investigado», y es que un testigo ha reconocido cómo este conduce el vehículo por la rotonda «de manera descontrolada» y cómo lo abandona y se da a la fuga.

Y añade el juez que carece de permiso de conducir, que ha sido condenado cuatro veces por circular sin él y que en la prueba de drogas dio positivo, por lo que «existen pocas dudas indiciarias a efectos de realización del eventual juicio de autoría».

Asimismo, la medida persigue asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitando el riesgo de fuga, ya que el magistrado entiende que concurre este riesgo si se tiene en cuenta «la elevada pena que pudiera imponerse», de alrededor de diez años de prisión.

Junto a ello, también se trata con la prisión de «evitar el riesgo de que siga cometiendo nuevos hechos delictivos», y es que tiene cuatro antecedentes por seguridad vial, lo que «evidencia su desprecio por la seguridad vial y su peligrosidad, acrecentada además por el consumo de sustancias tóxicas de forma habitual».

En definitiva, «nos encontramos ante una persona inestable y con desprecio manifiesto por la vida y seguridad de los usuarios de las vías públicas por donde circulaba habitualmente sin poder hacerlo, lo que aconseja su prisión preventiva, sin que quepan otras medidas alternativas menos gravosas», concluye el magistrado, quien añade que, en esta fase procesal, solo procede la prisión preventiva, «sin perjuicio de las decisiones que pudiera adoptar la Administración Penitenciaria para tratar la eventual enfermedad que el propio letrado reconoce que no sabe cuál es».

La decisión del juez no es firme ya que cabe recurso de reforma ante él mismo y de apelación ante la Audiencia Provincial.