El detenido por el accidente se enfrenta a una pena que puede llegar hasta los diez años de cárcel

El primer delito que cometió el autor de los hechos fue un hurto de uso –penado con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, o multa de 2 a 12 meses– que consiste en la sustracción y utilización de un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin empleo de violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin autorización de su titular y sin que exista intención en el autor de apropiárselo sino de conducirlo.

En este caso, el detenido se llevó una furgoneta aparcada en la Biblioteca Central de Santander que tenía las llaves puestas.

Después consumó el segundo delito, que fue una conducción temeraria (al que habría que añadir conducción bajo los efectos de la drogas), ya que provocó un primer accidente contra otra furgoneta en la confluencia de la rotonda de la avenida de la Constitución con la calle Justo Colengues, dándose a la fuga. A continuación, el conductor provocó otro siniestro y finalmente atropelló mortalmente a la vecina de 72 años, cometiendo un homicidio imprudente.

Según explican fuentes cercanas a la investigación, lo que procede en estos casos es aplicar al artículo 382 del Código Penal, que dice: «Cuando con los actos sancionados en los artículos 379 (exceso de velocidad), 380 (conducción temeraria) y 381 (conducción con desprecio por la vida de los demás) se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado».

En el caso que nos ocupa esto supone que el implicado se enfrentaría por el homicidio imprudente a una pena de entre dos años y medio y cuatro años de cárcel.

Pero no queda ahí la cosa. Después de estos delitos el investigado cometió otros dos más. El primero fue un delito de abandono del lugar del accidente, que se aplica cuando un conductor de un vehículo que participa en un siniestro se va del lugar sin causa justificable. Para que se pueda inculpar a una persona de este tipo de delito, es necesario que concurran las siguientes variables: ser conductor de un vehículo o ciclomotor que ha participado de un accidente, que el abandono se produzca de manera voluntaria y que no exista riesgo para el conductor o para terceros y que, como consecuencia del accidente, se haya producido el fallecimiento de una o varias personas o han sufrido lesiones.

En el accidente de la S-20 se cumplen estos tres requisitos y por ello el conductor se enfrenta a una pena de entre seis meses y cuatro años de cárcel y prohibición de derecho de conducir por un periodo de 1 a 4 años.

El último delito que consumó el encausado fue un allanamiento de morada –que es la entrada o permanencia en morada ajena, en contra de la voluntad del morador–. Esta infracción está castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.

A la espera de que el detenido pase a disposición judicial (entre hoy y mañana), el juez instructor le impute todos estos delitos y la Fiscalía, más adelante, califique los hechos, se estima que la condena final podría rondar entre los tres años y medio a los diez de cárcel.