El Ministerio amenaza con retirar fondos a las ciudades que retrasen las zonas de bajas emisiones

La última noticia que se conoce al respecto en la capital cántabra es que el Ayuntamiento, en agosto, estudiaba dónde colocar los sensores con los que espera hacer mediciones para delimitar las Zonas de Bajas Emisiones. El Consistorio recibió un millón de euros de fondos europeos para el proyecto 'Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander', un dinero que ahora corre peligro tras la amenaza estatal.

Así, el Ministerio amenaza con retirar fondos europeos a las ciudades que retrasen la puesta en marcha de las restricciones de tráfico a las que obliga la ley. El objetivo que persigue es «controlar que se ejecutan tal y como se anunciaron -aunque haya cambiado el partido al frente del equipo de gobierno-, sin ninguna reducción respecto al proyecto presentado, y en el plazo indicado en la convocatoria», explican. Tal y como revela la página web que ha habilitado Transportes, Santander se encuentra 'en trámite'. Es decir, el Ayuntamiento aún no ha tomado ninguna decisión sobre cuáles serán las áreas de la ciudad que se verán afectadas. Una situación que, hace un mes, no sorprendía al concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, quien ya «advirtió» a finales de 2022 de que «no había tiempo suficiente para concretar la medida».

Un contratiempo que, a su juicio, pasa por la falta de una normativa nacional después de que el Gobierno central no aprobara hasta diciembre de 2022 el esperado decreto que marcaba las pautas. La ausencia de esa norma estatal común dejaba a los municipios sin el marco necesario para desarrollar sus reglamentos, aunque por aquel entonces, el Ayuntamiento ya trabajaba «en una ordenanza municipal», según explicó Díaz.

El Consistorio sigue su ritmo. El pasado agosto, el concejal de Movilidad Sostenible aseguró a El Diario Montañés que creía conveniente dar pasos previos a la toma de decisión final sobre las zonas afectadas. Por ejemplo, hacer mediciones y recabar información para conocer qué viales de la ciudad están muy saturados por el tráfico. Para ello, el Ayuntamiento anunció la implantación de unos sensores que aún está pendiente. Y es que los pliegos técnicos del contrato que permitiría colocar los equipos -firmado en diciembre- establecían cinco meses como límite para el suministro y la puesta en marcha de las soluciones de este proyecto. Pero este plazo también se ha retrasado.

El plan 'Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander' que incorporaba la instalación de los sensores pendientes consiguió el apoyo de los fondos europeos para cubrir el 90% del total de una actuación que no termina de avanzar. La Junta de Gobierno Local adjudicó en noviembre de 2022 el contrato de instalación de los sensores a Telefónica. Esto implica la colocación de 10 estaciones para medir la calidad del aire, 40 sensores de ruido (sonómetros) y 446 de aparcamiento. Así como 16 paneles LED de mensajería variable y 10 más también de aparcamiento. Es ese dinero precisamente el que corre peligro. De hecho, el Ministerio que dirige -en funciones- Raquel Sánchez ha iniciado el procedimiento por la eliminación de un carril bici en Logroño, subvencionado con fondos europeos. El Ayuntamiento de la capital riojana, también gobernado con mayoría absoluta por el PP, como en Santander, recibió una carta en la que Transportes les amenazaba con exigir la devolución del dinero.