El Ministerio sigue adelante con la construcción de los diques de La Magdalena y Los Peligros

Fuentes a las que tuvo acceso este periódico confirmaron que se ha comprado una red que actúa de muro contra la turbidez del agua durante la cimentación y también que se han gastado recientemente 643.538 euros (IVA incluido) en suministros de escollera «como grava, arena, piedras machacadas y agregados» que se han adquirido a la UTE Candesa-La Verde-Hormisa-Quinsa. Todas estas empresas tienen su sede en Cantabria.

Las fuentes señalaron que la previsión era paralizar la obra en junio (para que se pudieran utilizar los arenales toda la temporada estival, como así está siendo) para volver al trabajo a finales del mes que viene. Pero, de momento, Tragsa no tiene la notificación preceptiva. El proyecto se reiniciará por la punta de San Martín, donde termina el aparcamiento de la playa de Los Peligros.

En este punto está previsto construir un dique que no tendrá tanto impacto visual como el ya levantado junto al balneario de La Magdalena, puesto que en el segundo un gran porcentaje irá sumergido. En esta esquina del arenal, justo al acabar la zona de parking, está previsto construir una zona de solarium escalonada y un pequeño parque.

Tampoco la plataforma 'Salvar La Magdalena', que lleva meses clamando contra el «atentado paisajístico» que supone la obra, ceja en su empeño por paralizarla. Para este domingo ha convocado la undécima concentración en su contra. La primera tuvo lugar el 4 de marzo y, desde entonces, el colectivo ha emplazado a movilizarse -hasta que llegó el verano- más o menos cada dos semanas. En la playa se han celebrado nueve y otra más en la plaza de Pombo. También se han recogido firmas en contra de los muros.

Este domingo, aprovechando que se espera «una bajamar excepcional», se quiere hacer un «sonoro paseo» por la orilla de la mar con pito y tamboril y portando globos y pancartas, además de las camisetas reivindicativas diseñadas para dar visibilidad a la iniciativa.

Por el momento, las tres denuncias que se presentaron a la Fiscalía Superior de Cantabria con el objetivo de paralizar las obras acabaron sin resultados positivos para los denunciantes. Primero se denunció un posible delito medioambiental, luego la existencia de restos arqueológicos que se verían dañados con los espigones y, finalmente, se investigaron posibles irregularidades en las infografías con que se informó a la ciudad del proyecto.

Aunque estos reveses no desaniman a los miembros más visibles de la plataforma -de la que forman parte la asociación ecologista ARCA, el Grupo Alceda de defensa del patrimonio y Ecologistas en Acción- que están seguros de que aún quedan cartuchos que quemar por la vía jurídica, como señalaron en una de las últimas citas de protesta.

El colectivo fue recibido hace casi un mes por el delegado del Gobierno Pablo Zuloaga, quien se comprometió a trasladar sus reivindicaciones a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica pues -según aseguró- comparte las inquietudes de los ciudadanos que rechazan la construcción. También Pedro Casares, portavoz local del PSOE, se ha pronunciado contra este proyecto y ha afirmado que hará cuanto esté a su alcance para echarlo abajo.