La oposición impulsa una «revisión completa» del reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Santander

La oposición registró el pasado 3 de junio la solicitud de convocatoria de una Comisión de Participación Ciudadana para debatir el nuevo texto, que se nutre de las aportaciones de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular. El documento, con 135 artículos, se justifica por la publicación de nuevas leyes desde que se aprobara el Reglamento de Santander (2004) que «aconsejaban desde hace tiempo abordar una completa revisión de este Reglamento para intentar completar las carencias y disfunciones que han ido apareciendo».

Entre otras, el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santander de 2004 no incluyó las comisiones de investigación, que se han incorporado en la reforma del 23 de diciembre de 2021, pero cuya modificación está recurrida por el PP en los tribunales, que adoptó esta medida a la vista de los informes técnicos y jurídicos contrarios al texto. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado la semana pasada las medidas cautelares propuestas por los populares, aunque sobre el recurso aún no se ha pronunciado.

Además de las comisiones de investigación, el borrador de nuevo reglamento refuerza los instrumentos de fiscalización y publicidad -todas las comisiones informativas serán públicas con carácter general- y abre la posibilidad de solicitar comparecencias ante el Pleno de concejales con responsabilidades de Gobierno.

También contempla una comisión permanente de Vigilancia de la Contratación para «garantizar los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública» y regula la celebración anual del Debate del Estado de la Ciudad, en el tercer trimestre del año (final del curso político) salvo en años de elecciones municipales.

El nuevo reglamento «potenciará los debates de competencia municipal», que irán en primer lugar en el orden del día, dejando para el último lugar las de carácter nacional o internacional, aunque hubiesen sido registradas con anterioridad. Y limitará la duración de los Plenos a cinco horas para facilitar el seguimiento y el interés de los vecinos y los medios de comunicación.

Además, el texto renueva el protagonismo de los ciudadanos permitiendo su participación en las comisiones y facilitando su intervención ante el Pleno «para formular pretensiones de manera directa» o sobre «otras planteadas a través de un determinado grupo municipal».

Por otra parte, se contenmplan otros instrumentos de control y fiscalización como los ruegos y las preguntas, que a partir de ahora incluirán turno de réplica y dúplica, y habrá interpelaciones para conocer los propósitos del equipo de Gobierno en cuestiones generales de política municipal. El voto de calidad del alcalde será «indelegable». Y se regula el estatuto jurídico de los concejales, con derechos como recibir información periódica, que ha de ponerse a disposición de los ediles, pero también obligaciones y responsabilidades, como el registro y publicación de las declaraciones de actividad y patrimonio de los titulares de órganos directivos del sector público local.

Finalmente, incorpora las exigencias derivadas de la normativa general de transparencia y buen gobierno en cuanto a los regímenes de dedicación, incompatibilidades y derechos económicos.