La oposición se une en el Parlamento para exigir a Igual que frene la obra de Molnedo

Lo que hizo la Cámara, a iniciativa de Vox, fue reclamar al Gobierno autonómico que inicie un procedimiento para declarar la dársena de Molnedo como Bien de Interés Cultural (BIC) o crear otra figura de protección similar. ¿Con qué objetivo? Con la intención de frenar la ejecución de esta obra al entender que, tal y como está proyectada, «no preserva sus valores históricos, culturales y patrimoniales». En caso de que el Gobierno de Buruaga cumpla el mandato del Parlamento, las exigencias para llevar a cabo cualquier remodelación de la zona serán mucho mayores.

«Preservar nuestro patrimonio es un deber. No vale todo para modernizar determinados espacios. Gobernar no es convertir la tierra de uno en un cortijo», afirmó la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que llevó el asunto al Parlamento cántabro después de que el Pleno municipal echara por tierra en febrero, gracias a la mayoría popular, una iniciativa similar. La tesis de este partido, que básicamente también comparten PRC y PSOE, es que el proyecto que dio a conocer Igual plantea introducir una serie de elementos modernos que son ajenos a la realidad histórica de la dársena.

Como apuntó el socialista Mario Iglesias, la oposición no se opone a que se hagan mejoras y labores de mantenimiento que son necesarias –por ejemplo, prohibir los aparcamientos, mejorar los adoquines y poner nueva iluminación–, pero siempre y cuando se haga «respetando la esencia del lugar». «Miedo nos da lo que haga el PP viendo cómo se ha tratado históricamente el patrimonio en la ciudad», concluyó Iglesias. Por no abundar mucho en los mismos argumentos, el regionalista Javier López Marcano, tras destacar que este dique de Puertochico es «una de las señas de identidad de la ciudad», mostró su asombro por el hecho de que no fuera la propia Igual –alcaldesa y también diputada autonómica– la que saliera a defender su plan de remodelación.

La regidora estuvo en el debate, pero el que tomó la palabra fue su compañero Alejandro Liz. «La alcaldesa de Santander ha defendido esta cuestión donde tiene que hacerlo, que es el Ayuntamiento», dijo el diputado popular, que entiende que la proposición persigue un fin distinto al que aparentemente defiende: «No buscan proteger el dique, sino llevar la contraria al Ayuntamiento». Además de intentar echar por tierra un proyecto que considera positivo para devolver este espacio al ciudadano, Liz lamentó la «injerencia» del Parlamento en la autonomía municipal.