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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) paraliza de manera cautelar el proceso de licitación del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento hasta que se resuelva el recurso de impugnación interpuesto por el sindicato UGT, que aduce que los costes laborales se han calculado « ... con un convenio colectivo antiguo ya caducado y no con el que está en vigor».
El mencionado tribunal estima así las medidas cautelares solicitadas por el sindicato en base a dos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (49,2 y 56,3), tras considerar que «los perjuicios que pudieran derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación».
Por su parte, el presidente del comité de empresa del servicio de limpieza, José Ramón Hoz, lamenta que UGT no haya querido compartir su recurso con el resto de sindicatos y sigue adelante con su intención de reunirse con el Ayuntamiento para incorporar sus alegaciones a los pliegos ya redactados, en lugar de ir por la vía legal.
Desde el Ayuntamiento, apuntan que «es habitual» que en este tipo de procesos se acepten las medidas cautelares y que ahora queda en manos del Tribunal aceptar o denegar el recurso de UGT, una decisión que se puede prolongar hasta un máximo de dos meses.
UGT recurrió la licitación y los pliegos publicados por el Consistorio el 22 de febrero, al considerar que la tasación de los costes laborales se había realizado con un convenio colectivo antiguo ya sin vigencia y no con el actual, lo que generaría un déficit de 6.186.863 euros en los tres primeros años de ejecución.
La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha reiterado en varias ocasiones desde que UGT presentó el recurso que el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos «sigue escrupulosamente los trámites que marca la ley». Insiste en que el nuevo contrato, en licitación por 22,7 millones de euros y un plazo máximo de 10 años sin posibilidad de prórroga, incluye la revisión de precios, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cumplimiento obligado de los sucesivos convenios colectivos. De esta manera, la edil garantiza que el pliego de condiciones «tiene en cuenta los marcos de la normativa laboral vinculada a la concesión».
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