«Nos piden 228.000 euros por unos pisos de Protección Oficial tasados en la mitad»

Allá por 2011, cuando firmaron el contrato de alquiler, a muchos se les escapó una cláusula: «El precio establecido para la opción a compra es el resultante de multiplicar los metros cuadrados de superficie útil por dos veces el precio máximo legal correspondiente al momento de su calificación provisional, una vez actualizado sobre la valoración del IPC, y se descontará un 33,3% de las mensualidades abonadas en concepto de renta». La promotora, Residencial Primero De Mayo S.L., avisó el pasado lunes por carta que el contrato de alquiler expira el 16 de junio, y recordó la opción a compra por un precio que los residentes consideran «un completo escándalo».

Los inquilinos han hecho piña y pretenden luchar por lo que consideran una «completa injusticia». «Los que vivimos aquí desde el principio hemos pagado diez años de alquiler, que son 550 euros mensuales, y como el contrato era con opción a compra, también hemos costeado los gastos de comunidad y hasta el IBI. Y ahora nos vienen con estas», aclara este inquilino. «Y ese 33% de descuento no son más de 15.000 euros. Es inasumible para unos pisos de Protección Oficial».

La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha confirmado que se reunirá con ellos este próximo lunes. Luego lo hará con los promotores y tratará de encontrar un punto en común;pero ya advierte de que es un asunto sobrevenido en estos momentos a la Dirección General que coordina, que el problema se retrotrae al Plan de Vivienda de 2005 y que se podrán trabajar los acuerdos, pero que no hay nada ilegal en los precios que solicita la empresa porque son los que en su día se fijaron por contrato.

El asunto ha trascendido y el partido Cantabristas se sumó ayer, por medio de un comunicado, a la denuncia de «un escándalo autorizado por la Dirección General de Vivienda», aclara el responsable de comunicación del partido, Adrián Gómez. «Son pisos que ahora venden a unos precios que no se corresponden «ni de lejos» con las características de los inmuebles, su ubicación, y su carácter de vivienda protegida». La maniobra, denuncian, busca «impedir la compra de su vivienda para quienes vivían en ellas en régimen de alquiler con opción a compra desde hace años», en un momento «en que la empresa considera más rentable mantener a los inquilinos en alquiler». En palabras de la formación cantabrista, «lo más alarmante es que la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria haya autorizado este cálculo desorbitado», en especial, «tratándose de Viviendas de Protección Oficial, que la legislación establece como medio para acceder a una vivienda digna y adecuada, especialmente para quienes más dificultades tienen para ello».

Desde Cantabristas se cuestionan si «esta situación se ha generado ahora o es consecuencia de negligencias graves en el planteamiento de esta promoción de VPO, que recibió en su momento 13 millones de euros de ayudas públicas por parte de la Consejería de Vivienda en 2010, entonces dirigida por José María Mazón (PRC)».

Otro de los aspectos que denuncian los vecinos es la imposibilidad de solicitar créditos bancarios para costear la hipotética compra. «Lo primero hay que partir de la base de que son pisos de Protección Oficial y por eso, precisamente, no estamos hablando de que la gente aquí tenga los recursos para pagar 200.000 euros. Pero es que si yo voy mañana al banco a pedir un crédito de estas características para comprar este piso, no me lo van a dar, sino que me prestarán lo correspondiente a esa tasación que es de menos de 100.000 euros», argumenta Álvaro López, otro de los inquilinos que no sale de su asombro por la comunicación de la promotora.

Organiza todos sus papeles y saca cuentas, que casi conoce ya de memoria, para poner números a la «injusticia». « Mi piso tiene 54 metros útiles. Luego tengo un garaje de 18 metros y un trastero de poco más de 4». «En 2011, cuando me vine aquí, esta casa estaba tasada en 90.000 euros. Si nos hubieran explicado bien entonces que cuando quisiéramos comprarla nos iban a cobrar más, me hubiese buscado la vida por otro lado porque a ver... he pagado ya 45.000 euros en alquiler desde 2011, creo que es sangrante», lamenta.

Ahora sólo queda esperar que la mediación de la Dirección General de Vivienda sirva la semana próxima para ajustar el coste de los inmuebles.