El plan del Gobierno central para La Remonta necesitará el visto bueno del Ayuntamiento

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Conforme al Plan General de 1997 -el vigente- se trata de «suelo urbanizable no programado», explica por su parte Antonio Bezanilla, director general de Urbanismo. ¿Y qué significa este término? Por un lado que, para poder construir, es necesario que «el suelo programado» disponible en Santander «esté agotado». Es decir, que ya se hayan construido o emitido las licencias pertinentes allí donde se puede edificar. Aunque este punto podría tener otras interpretaciones más técnicas. Lo que no está sujeto a valoraciones ni opiniones es la necesidad de redactar, tramitar y aprobar un Plan Parcial que permita construir en los terrenos de la Remonta. Y ese es el trámite requiere el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento de Santander. En todo caso, más allá de estar o no de acuerdo con el plan propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el paso urbanístico inevitable se alargaría, como mínimo, un año.

Una vez más: «Todo lo que suponga un trámite urbanístico es competencia del Ayuntamiento», insiste Díaz. Es decir, el resumen es sencillo: «Nunca se podría hacer nada que no sea ir de la mano del Consistorio» en este aspecto. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero deben pasar el filtro municipal. ¿Y cuál es la posición? La Corporación municipal apoyó una moción, que fue aprobada en el Pleno, de convertir La Remonta en un gran espacio libre de uso público. Y para dar ese saltó el Consistorio solicitó al Ministerio de Defensa la cesión gratuita de la totalidad de la finca. «Negociaciones que están totalmente paralizadas», admite Díaz. Los populares defienden esa cesión sin coste para Santander dado que «no se prevé un uso lucrativo» del suelo.

La discusión en torno a La Remonta no es nueva. El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento llevan años sin ponerse de acuerdo. Los primeros, propietarios del terreno, pedían nueve millones de euros al Consistorio mientras el PP municipal exigía una cesión gratuita. Entre uno y otro, el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), apuntó a un precio intermedio, en torno a 4,5 millones, ya que fue el precio marcado por un tasador oficial contratado. Visto que tras años de negociación no se llega a ningún acuerdo, Defensa propuso al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que iniciase las actuaciones expropiatorias para que fuera el Jurado Provincial de Expropiación quien marcase el precio de la finca, postura que el portavoz popular, César Díaz, sigue rechazando.