La Federación de Defensa Animal denuncia la «ilegalidad» del minizoo de la Magdalena

DEAN se refiere al minizoo de La Magdalena, donde «se pasan por alto práctimante todos los artículos de la norma», señala Victoria Cedrún, presidenta de la federación, después de analizar los informes -que en una primera solicitud le fueron «denegados»- que ha recibido desde el Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia del consistorio santanderino.

Dicho documento, elaborado por un comité de expertos en julio de 2020, refleja que el minizoo «ha funcionado de manera ilegal durante 12 años, al incumplir la legislación que le obligaba a darse de alta en un registro común y europeo para el resto de centros de este tipo». Pero según Cedrún, ese es el menor de los problemas. Los informes revelan temas más preocupantes, como las condiciones en las que se encuentran los animales, «que no son las adecuadas a su especie»; que los ejemplares están «enfermos» y «no medicados de la forma correcta»; o «la falta de programas de conservación e investigación», como sí cumplen otras instalaciones. Es el caso del zoo de Santillana o el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

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Desde que en mayo de 2020 el cadáver del león marino 'Lucas' salió a la luz, la Federación de Defensa Animal ha acudido «cada mes» al recinto de la Magdalena para comprobar in situ el estado de los animales y de las instalaciones. «Esos documentos reflejan igualmente la necesidad de mejorar el minizoo, que tiene problemas con el sistema de filtración del agua, cartelería obsoleta, ausencia de protocolos, necesidad de informatización del sistema y ausencia de un plan de formación continua para los cuidadores y trabajadores».

Cedrún lamenta que pese al contenido de esos informes y una vez emitidas las conclusiones del Comité de Expertos, el Ayuntamiento «sigue sin tomar una decisión firme sobre el futuro del zoo y de los animales que allí residen». Esto pone de manifiesto, a su juicio, «la dejadez del equipo de gobierno en materia de bienestar animal, el incumplimiento de la legislación vigente y la falta de transparencia al haber ocultado los informes durante más de dos años».