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MARÍA DE LAS CUEVAS
Viernes, 8 de octubre 2021, 07:16
La plataforma 'Salvar el espigón es salvar La Magdalena' registró ayer en el Ayuntamiento de Santander un documento apoyado con más de 3.000 firmas a favor de que se organice una consulta popular sobre la permanencia o retirada del dique levantado ... en 2018 para evitar la fuga de arena en la playa de La Magdalena. El colectivo considera que la decisión de su desmantelamiento «se ha tomado en base a intereses políticos, sin tener en cuenta las necesidades reales de los santanderinos, la permanencia de sus playas y el turismo». Por eso, plantea a todos los grupos políticos municipales que sean «los propios santanderinos quienes decidan en las urnas qué debe hacerse para gestionar las playas».
Tres representantes de la plataforma, Fermín Ramón, Carlos Rey y Antonio Cuesta, entregaron ayer una copia de la iniciativa a cada uno de los partidos políticos municipales, PP, Cs, PSOE, PRC, UxS y Vox, y esperan que el siguiente paso sea debatir la propuesta en un Pleno del Ayuntamiento.
«El espigón ha cumplido su función de que vuelva a haber playa», señala Fermín Ramón, miembro de la plataforma, gestor del club náutico ubicado en esta playa y socio del restaurante contiguo. «Si lo quitan, volveremos a perderla. No hay más que viajar por España para ver cuántas escolleras hay a lo largo de la costa. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha dejado claro que no está dispuesta a costear los rellenos de arena cada año», recuerda.
Mientras tanto, el proyecto para la retirada del espigón avanza desde el Ministerio, que en septiembre adjudicó los trabajos de demolición a la empresa gallega Acadar Ingeniería y Consultoría, que tiene un plazo para la elaboración del plan de hasta nueve meses. A continuación, será cuando las máquinas podrán empezar a funcionar.
Desde su inicio, la instalación de los diques -el segundo, que iba a ser ubicado a la entrada de Los Peligros, no ha llegado a construirse- ha estado rodeada de polémica. El Gobierno central, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, paralizó en 2018 la obra a raíz de las movilizaciones ciudadanas y las peticiones del Parlamento regional y del Ayuntamiento.
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