El caso de los policías en prácticas llega a manos de la Fiscalía

Según recordó ayer Cora Vielva, portavoz de OlaCantabria en la capital y edil no adscrita en funciones, «el Ayuntamiento ha tenido durante cinco meses a un total de 19 personas (quince de ellas en Santander y las restantes en otras localidades) ejerciendo como agentes de la autoridad sin serlo y portando armas cuando legalmente no estaban habilitados». Esa situación, añadió, «ha puesto en riesgo a la población y podría invalidar cualquier proceso en el que cualquier de ellos haya intervenido con el perjuicio que ello pudiera acarrear».

Para Vielva, además, esta manera de obrar del equipo de gobierno «también ha puesto en peligro el futuro profesional de los 19 afectados, que han estado expuestos a un proceso en su contra derivado de las presuntas infracciones que hubieran podido cometer que les hubiera impedido tomar posesión de su plaza como funcionarios».

En la denuncia que ha puesto sobre la mesa de la Fiscalía de Cantabria, la concejala relata paso a paso lo que ya todo el mundo conoce, que los aspirantes fueron armados sin haber superado el curso de formación que se requiere al efecto, y que luego fueron asignados al servicio de calle sin resolver antes las dudas que existían al respecto de sus atribuciones.

En su escrito al Ministerio Fiscal, Cora Vielva señala directamente «al concejal responsable del área (Pedro Nalda) y a la alcaldesa de Santander (Gema Igual), que, a la postre, es la máxima responsable». La edil les acusa de haber adoptado «un cúmulo de malas decisiones» en relación con los policías en prácticas que, a su parecer, han sido tomadas por motivaciones políticas, «sin importarles gran cosa si con ello incumplían la ley».

Con todo, añade en su denuncia, «esas motivaciones no son tan relevantes como lo contumaz de su actitud –en alusión a Nalda e Igual–, que no depusieron aún a pesar del requerimiento por parte del coronel al mando de la Guardia Civil en Cantabria, quien, tras consultar a la Intervención Central de Armas y Explosivos, les instó a que regularizaran la situación de los aspirantes retirándoles las armas proporcionadas indebidamente».

Para Vielva, que luego se refiere al contundente informe emitido por la Abogacía del Estado cuestionando la legalidad de esta actuación, «cabe la posibilidad de que toda la línea de mando, encabezada por la alcaldesa de Santander, haya incurrido en varios delitos por entregar armas y atribuciones a unas personas que ni siquiera son funcionarios en prácticas».

De ahí su denuncia ante la Fiscalía, en la que, antes de terminar, describe cómo el Ayuntamiento, tras ser requerido por la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, «lejos de deponer su actitud ha alargado el proceso con argumentaciones de lo más peregrinas de forma que ha continuado la situación de ilegalidad a lo largo del tiempo». Ello, recalca, «al mismo tiempo que se ordenaba pagar salarios irregulares puesto que sus receptores no son funcionarios de carrera ni funcionarios en prácticas, con lo cual no tienen derecho a percibir emolumentos de la administración».

Junto a su denuncia ante la Fiscalía, Vielva acompaña un comunicado en el que envía un recado al resto de los partidos que, con ella, se sientan en la bancada de la oposición. En concreto a PSOE, a PRC y a Izquierda Unida.

«Es obligación de los representantes políticos velar por los intereses de los vecinos», recuerda la edil. «Y nos apena que OlaCantabria sea el único partido que ha cumplido con su deber mientras el resto están mirando para otro lado en lugar de llevar asuntos tan graves como este ante la justicia», concluye la concejala un comunicado sobre el que el Ayuntamiento de Santander no ha querido pronunciarse.

Pendiente de sus servicios jurídicos, a los que ha solicitado un informe que aclare cuales son los cometidos que pueden realizar los afectados, el Consistorio declinó también hacer cualquier valoración sobre la denuncia de OlaCantabria ante la Fiscalía.