El PSOE sobre la discoteca de Nueva Montaña: «La alarma en el barrio está justificada porque la ubicación es nefasta»

Hace unos días, los vecinos del barrio mostraban su preocupación por la apertura de este tipo de negocio al lado de sus viviendas, al igual que el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (a cien metros de la sala) o la dirección del CEIP Nueva Montaña, justo frente a la futura discoteca.

Un malestar que para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, está «más que justificado» porque la ubicación es «nefasta»: «Coincidirían en horario y escenario quienes acaban una noche de fiesta con los menores que acuden al colegio los viernes. Es más que comprensible que no quieran las consecuencias que puede acarrear el tener una discoteca junto a sus viviendas o sus parques, y menos aún delante de un colegio».

Fernández considera «un despropósito» que el Consistorio no establezca un uso racional del suelo y los vecinos de Santander «acaben encontrándose con que se permite la apertura de un centro de ocio nocturno, una gasolinera, o una sala de juego junto a centros escolares, o plenas zonas de uso residencial».

Para el socialista, «la falta de voluntad política» del equipo de Gobierno ante las peticiones de licencia de este tipo de negocios, «que ponen en riesgo la seguridad, la salud pública y el medio ambiente», ha dicho, está generando «preocupación» entre los vecinos de varios barrios de Santander.

De este modo, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la documentación del expediente completo relacionado con la obra y apertura de actividad económica de conciertos situada en la Avenida Nueva Montaña.

A juicio de Fernández, esta situación provocada en el barrio, como la ocasionada en El Alisal con la gasolinera frente al instituto, son una consecuencia más del pacto «nefasto» entre el Partido Popular y Ciudadanos que, a su juicio, «han perdido una legislatura fundamental para Santander sin haber aportado ningún proyecto transformador para la ciudad, como la modificación de un obsoleto PGOU, que tiene ya 25 años, y que la propia alcaldesa, Gema Igual, se había impuesto como objetivo fundamental durante la campaña electoral».