El PSOE exige dimisiones en el Ayuntamiento de Santander por la condena de Jardines

«No puede ser que los únicos que paguen el desastre de gobierno del PP sean los santanderinos», asegura el portavoz municipal socialista, Daniel Fernández. En el PSOE entienden que están legitimados para exigir «dimisiones» porque ya advirtieron al PP, «y muchas veces». Fernández habla de una «hipoteca de tres millones, una cifra comparable a las partidas del servicio de asistencia a domicilio de personas mayores, las medidas de gratuidad del TUS o la renovación de los Campos de Sport». «Es –prosigue– muchísimo dinero que vamos a pagar los santanderinos de nuestro bolsillo por la gestión nefasta, prepotente y negligente del Partido Popular». El portavoz afirma que «jamás habríamos llegado a esta situación si el PP no se hubiera empeñado desde 2018 en adjudicar un concurso, que era desastroso, del que terminaron desistiendo» y explica que la última sentencia es por descuentos «injustificados» en las facturas una vez caducó el anterior contrato y por una judicialización «inexplicable» sobre la que el PSOE advirtió en el Pleno y «en múltiples ocasiones». «Por lo tanto, tiene que haber dimisiones».

«Los vecinos no se merecen esto», repite Felipe Piña (PRC). «Muestra la incapacidad del equipo de Gobierno y vamos a pedir explicaciones de cómo se han producido los acontecimientos que ahora se reflejan en la sentencia. No se puede seguir así. Que con cada licitación de un servicio público, los ciudadanos tengan que acabar aportando dinero de su bolsillo es un disparate», señala, al tiempo que recuerda que ya lo advirtieron en campaña y que «la cuantía es muy importante», con riesgos de «quiebra técnica». «Es un suma y sigue. En cada licitación hay un problema y los santanderinos tienen que aportar el dinero para sus servicios más elementales que se pierde en los juzgados».

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Desde Vox, por su parte, Laura Velasco condena que, «una vez más, el equipo de Gobierno ha vuelto a demostrar su incapacidad de gestión». «Esta sentencia es consecuencia de una mala gestión alargada en el tiempo, pues el contrato llevaba cuatro años prorrogado, justo el tiempo que el Ayuntamiento ha tardado en adjudicar uno nuevo». Y también, «falta de transparencia». Velasco recuerda que en su día Vox ya solicitó una investigación y «mientras tanto, la alcaldesa se jactó hace días de que había un superávit de más de 200 euros por ciudadano». «Ahora –concluye– este dinero se tiene que destinar a pagar la sentencia».

Keruin Martínez, de IU-Podemos, habla de «vergüenza» e insiste en la idea de que «llueve sobre mojado» hasta el punto de que «nos estamos acostumbrando». «Nosotros –dice– además de denunciar la opacidad y la falta de gestión ya hemos hecho la propuesta de crear un Observatorio de Contratación que haga seguimiento y fiscalización de los contratos externalizados, que son muchos». Va, de hecho, más allá, ya que recuerda que su idea es la de fomentar la gestión directa sobre los servicios públicos básicos. Alude al contrato de recogida de basuras, «un proceso opaco que vamos conociendo a través de sentencias judiciales (y faltan seis)», y también define como «opaco» el de los Jardines, con «contratos prorrogados y cruces de expedientes».