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La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha replicado con dureza al Ayuntamiento de Santander, que ayer denunció que la Demarcación de Costas en la Comunidad Autónoma le ha sancionado y acusó a la Administración central de estar dando a los santanderinos un trato ... indignante y lamentable. Quiñones, que ha precisado que la multa es de solo 300 euros, es por «mover arena sin autorización» en la Segunda playa de El Sardinero, algo que el Consistorio «sabe perfectamente que no puede hacer».
Quiñones ha lamentado que el Consistorio santanderino gobernado por PP y Ciudadanos «esté tratando de confundir a la ciudadanía»» al asegurar que Costas le sanciona por intentar garantizar la seguridad «cuando sabe que la multa es por actuar sin permiso». «¿Qué hace el Ayuntamiento cuando un santanderino hace algo sin permiso, como una obra? Pues le sanciona», ha explicado la delegada del Gobierno.
«El Ayuntamiento ha incumplido la normativa de Costas» y de ahí la penalización, «que es simplemente testimonial ante un ejercicio de irresponsabilidad al no cumplir las leyes como están obligadas todas las administraciones, quieran hacer lo que quieran hacer», ha añadido Quiñones. La cantidad, además, «puede reducirse en un 20% si el Ayuntamiento admite su responsabilidad y otro 20% por pago voluntario» lo cual «evidencia aún más que al equipo de Gobierno en el Consistorio santanderino le importa más la confrontación entre instituciones que trabajar de forma leal y conjunta en beneficio de los intereses de los santanderinos».
En cualquier caso, la delegada del Gobierno ha indicado que no le sorprende la forma de proceder del Ayuntamiento y ha criticado que el equipo de gobierno encabezado por Gema Igual «no pidió autorización a Costas para mover arena en las playas sino que se limitó a anunciar por escrito que lo iba a hacer, sabiendo de antemano que no podía».
«Han tratado de confundir a los ciudadanos diciéndoles que iban a redistribuir arena en las playas y, al recibir la contestación de Costas que no autorizaban han salido a los medios de comunicación como si fuesen víctimas de una injusticia», ha criticado la delegada del Gobierno, que ha insistido en que «Costas solo ha hecho su trabajo: sancionar al que modifica el estado de la playa sin autorización».
«Aquí nadie desprecia a los santanderinos, nadie hace asumir gastos al Ayuntamiento que no le corresponden. Se hacen cumplir las leyes como ocurre con cualquier ciudadano o con cualquier administración», ha apostillado.
Quiñones ha asegurado además que el escrito de Costas al Ayuntamiento remitido el 1 de julio, solo 24 horas después de recibir el del Consistorio, «era muy claro». El escrito indicaba al Ayuntamiento que solo podía hacer «pequeñas actuaciones» para resolver, por ejemplo, descalces en los accesos a los arenales con «pequeños movimientos de arena». Cualquier otra actuación de mayor envergadura requiere de estudios técnicos y ambientales, así como una reflexión sobre «cómo puede condicionar a la estabilidad futura de la playa en aras a un uso más cómodo en el corto plazo». Según sus datos, el Consistorio movió 220 metros cúbicos de arena.
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