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El PP no está dispuesto a tirar la toalla y, como dejaron claro en el Pleno del Ayuntamiento de Santander de julio, harán «todo lo ... posible» para frenar la comisión de investigación, cuya creación, afirman, es nula. Por eso han presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de creación y también han solicitado su suspensión cautelar. Sin embargo, esta acción, de carácter administrativo, no se resolverá hasta septiembre, mientras que las sesiones de la comisión comenzarán la semana que viene y seguirán avanzando a la espera de que el recurso se resuelva el mes que viene en un Pleno. Además, los populares no descartan presentar más recursos a medida que se vayan sucediendo las sesiones «si seguimos detectando ilegalidades».
Este recurso no es judicial, sino que debe resolverse en la misma Administración. Concretamente, como es contra un acuerdo plenario, debe resolverse también en el Pleno. En el texto, los populares han enumerado las razones en las que se apoyan para pedir la desestimación del acuerdo, como la existencia de un informe desfavorable del secretario. Durante este mes, la Secretaría y más órganos municipales podrán añadir informes a favor o en contra del recurso y, en septiembre, se debatirá en Pleno. Un Pleno en el que, como en todos los demás, quienes deciden si los acuerdos se aprueban o no son los propios concejales. En resumen, aquellos que hace una semana aprobaron crear la comisión -16 'síes' y 11 'noes'- serán quienes tengan que decidir si la desarticulan. Que cambien de opinión o no dependerá de los nuevos informes que se presenten a lo largo de este mes.
La primera sesión de la comisión de investigación tiene que celebrarse, como máximo, el martes que viene. Y en ella estarán representados dos concejales de cada grupo municipal. El PP apuró hasta el último momento -ayer al mediodía- para revelar a sus elegidos, que finalmente serán la alcaldesa Gema Igual y la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Como apuntan, la regidora debe estar obligatoriamente al ser la presidenta de la comisión -así se designó al crearla-. «Ningún representante político está para saltarse la legalidad y nosotros no vamos a permitir que se tomen acuerdos en contra de los informes jurídicos. Por eso, no solamente hemos presentado este recurso, sino que seguiremos recurriendo todo lo que sea necesario para corregir las ilegalidades y reponer el daño que están causando al Ayuntamiento como institución pública», afirma el portavoz del PP, César Díaz.
¿Y cuáles son las razones por las que el PP hará «todo lo posible» por frenar la comisión de investigación? En su recurso incluyen varias causas. Primero, porque el acuerdo de creación «es nulo, al serlo la modificación del reglamento orgánico del Pleno en diciembre». Esto se debe a que se cambió sin someterse al procedimiento bifásico. Es decir, no hubo una aprobación inicial y otra definitiva como exige la Ley de Bases de Régimen Local, sino que los cambios se aprobaron directamente. Este punto ya causó revuelo en diciembre, ya que el texto que llevó la oposición al Pleno para incluir las comisiones de investigación en el reglamento no especificaba este procedimiento bifásico -contemplaba la modificación, sin mencionar si era inicial o definitiva-. Los cambios se tramitaron como definitivos y, aunque los grupos trataron de matizarlo posteriormente, su solicitud fue desestimada por el secretario y la modificación se consumó sin la doble verificación, lo que da lugar a esa nulidad.
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Otra de las cuestiones por las que el PP trata de desestimar la creación de las comisiones de investigación es que «invade los derechos fundamentales de la alcaldesa como cargo público». Consideran que el acuerdo priva a Gema Igual (en su calidad de presidenta) de la potestad de ordenar las comunicaciones que haya de dirigir la comisión al atribuirselas a otros órganos (el secretario o el Pleno). También apuntan que el acuerdo incurre en «desviación de poder» al contemplar que se convoque de forma indefinida y durante una hora diaria a los miembros de la comisión hasta completar un Plan de Trabajo. Además, advierten que cada edil cobrará una dieta completa (225,81 euros) por cita.
También apuntan que el acuerdo «rompe la representación proporcional del Pleno», ya que cada grupo municipal tiene dos representantes en la comisión y, sin embargo, la representación de los grupos en la Corporación va de los once a los dos concejales.
En cuanto a las acusaciones de la oposición, que afirman que el PP quiere frenar la comisión de investigación para ocultar irregularidades del contrato de limpieza viaria con la anterior adjudicataria, Ascán, los populares aseguran que el servicio «es objetivo de fiscalización constante en las comisiones ordinarias» y garantizan que en todos esos encuentros han entregado a los grupos «toda la documentación, todos los informes técnicos y todos los procedimientos judiciales solicitados». El último, el arranque del expediente de daños y perjuicios contra Ascán, a la que piden 10 millones de euros.
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