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El proyecto para construir 250 viviendas protegidas en El Campón (Peñacastillo) quedó en el aire hace dos años, cuando los fondos europeos que se iban ... a destinar a la obra se desviaron a otros municipios porque, según apuntaron entonces el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander, no daba tiempo a presentar el papeleo necesario para desarrollarlo en la capital cántabra y eso ponía en riesgo los 13 millones de euros que llegaban desde Europa. Aunque desde 2023 apenas ha habido noticias sobre el asunto, el concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha aprovechado la moción del PSOE que exigía que se retomase la modificación puntual del Plan General (PGOU) que permita actuar en la finca (de 22.000 metros cuadrados) para anunciar que el trámite estará listo en dos semanas.
En el Pleno que se ha celebrado este jueves, el socialista Javier González de Riancho defendió la moción en la que pedía que el Gobierno de Cantabria y Gesvicán retomasen la modificación puntual del Plan General (PGOU) que permita construir en El Campón, proyecto que según su propuesta «quedó aparcado al comienzo de esta legislatura». La moción recibió el respaldo del resto de la oposición (Vox, PRC e IU) pero no del equipo de gobierno (PP), que con su posición mayoritaria en el Pleno pudo tumbar la propuesta. Pero no porque no quieran llevarla a cabo, apuntaron, sino porque ya están avanzando en ella y, por tanto, la moción no es, a su juicio, necesaria.
Después de hacer un repaso durante su primer turno de intervención sobre las negociaciones y tramitaciones que se habían llevado a cabo en El Campón desde que se habló por primera vez de construir allí vivienda protegida –las primeras propuestas datan de 2004–, Navarro apuró hasta el final de su segundo turno para soltar la noticia: «En 15 días se presentará la modificación puntual definitiva ya negociada y aprobada». El edil también había apostillado antes, ante las acusaciones de que el asunto estaba «aparcado», que «en los menos de dos años que llevamos de legislatura, ya se han reunido los técnicos municipales y los representantes del Campón, Gobierno y arquitectos contratados, más veces que en toda la legislatura anterior». Tras finiquitar este trámite urbanístico, será el Gobierno regional quien se encargue de las obras para levantar las 250 viviendas.
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Antes de que Navarro soltase la bomba sobre lo avanzada que estaba la tramitación, el PSOE había sido respaldado por toda la oposición. Especialmente, por las dificultades que existen en la actualidad, sobre todo por parte de los jóvenes, para acceder a la compra de una vivienda y la necesidad de ampliar por ello el parque público. Desde Vox, Laura Velasco afirmaba que tener una vivienda en propiedad «da estabilidad y arraigo, eso no se consigue de alquiler en alquiler». La edil lamentó que las familias destinan «un 42% de sus ingresos a pagar el alquiler y los jóvenes se resignan a compartir balda en una nevera». El regionalista Felipe Piña añadió que «quien compra en Santander es mayoritariamente para destinar los pisos a alquiler vacacional, los jóvenes tienen que huir o buscar habitaciones en pisos compartidos». Y, aunque desde IU Keruin Martínez también apoyó la moción, el proyecto le generó dudas que no llegaron a resolverse en el debate: «¿Qué plazo tienen las obras? ¿Para cuándo estarán? ¿Con qué fondos se van a construir?».
Santander no competirá por la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, como pedía el PRC en una moción que ha obtenido el apoyo del PSOE y Vox, mientras que el PP ha votado en contra e IU se ha abstenido. Los regionalistas proponían en su iniciativa la creación de una comisión para preparar la candidatura de Santander, que ya aspiró a este título en 2016. El regionalista Felipe Piña consideró que, a la experiencia de 2016, se suman las grandes infraestructuras con las que se está dotando la ciudad, como el futuro Mupac, el Reina Sofía o Faro Santander. El PSOE defendió que Santander tiene «la obligación de aspirar a este reconocimiento», pero tanto los populares como IU consideraron que hay otras prioridades. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, se negó porque «habría que hacer una gran inversión» y «el éxito no está garantizado» .
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