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El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno central están enrocados en sus posturas sobre el Palacio de Cortiguera, recién subastado (por segunda vez) sin que ... haya habido interesados en él, por lo que sigue en manos de la Giese (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior) que lo ofrecía con un precio de salida de casi 760.000 euros.
El hecho de que nadie se haya presentado a la puja (ni instituciones, ni particulares ni empresas) ha llevado a Gema Igual a insistir en que quiere volver a lo que ella considera la casilla de salida, porque en el Consistorio «ya teníamos una solución acordada para Cortiguera», explicó ayer la alcaldesa.
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Esta pasa por que la Administración del Estado cumpla un acuerdo al que había llegado con el municipio por el que se invertirían 1,2 millones de euros en la rehabilitación antes de cedérselo a Santander «para abrirlo para la ciudadanía con un uso sociocultural y hacernos cargo de su mantenimiento», recordó Igual sin hacer alusión a que este plan se pactó con un Ejecutivo del PP –partido que salió del Gobierno de España en 2018– y siendo ministro de Fomento un exalcalde santanderino, Íñigo de la Serna.
Seis años después, la máxima autoridad local sigue pidiendo a la Administración central que se retome aquel convenio y que se invierta en su adecuación, ya que el inmueble se encuentra «en un estado deplorable». Pero Eugenia Gómez de Diego, delegada del Gobierno, también insistió ayer en la postura del Ejecutivo central: el Ministerio de Interior está dispuesto a ofrecer facilidades al Ayuntamiento para que se haga con la finca de la calle López Dóriga, siempre que asuma que gratis no puede ser. La Giese «está dispuesta a buscar una solución consensuada, si es que el Ayuntamiento realmente quiere el inmueble». Así, Gómez de Diego emplaza a la alcaldesa a entrevistarse con los responsables del citado organismo y explorar vías de entendimiento. «Si el equipo de gobierno municipal quiere desarrollar un proyecto en el Palacio, tiene que abandonar su posición de máximos y buscar un consenso que cumpla la legalidad». Gómez de Diego está segura de que «hay margen» para acordar.
La delegada del Gobierno en Cantabria puso el acento en que el debate sobre el inmueble se prolonga ya 15 años, «tiempo en el que ha habido diferentes gobiernos y diferentes ministros. Todos ellos –sin excepción– han trasladado a la alcaldesa que los bienes afectados a Interior están sujetos a un régimen especial, por lo que puede promoverse una enajenación onerosa, pero no una cesión gratuita. Seguir en su postura después de tantos años, no conduce a ningún lugar».
Eugenia Gómez de Diego | Delegada del Gobierno «Que el Ayuntamiento siga en su posición de máximos después de tantos añosno lleva a ningún lugar»
Gema Igual | Alcaldesa de Santander «Teníamos un acuerdo para que se invirtieran allí 1,2 millones y se cediera a la ciudad de Santander»
En el marco del Plan de Reestructuración y Racionalización del Patrimonio Público, Giese ya trató de venderlo después de ofrecérselo con varias fórmulas tanto al Ayuntamiento de Santander como al Gobierno de Cantabria, a los que presupone interés en un inmueble que, según ha recordado la Delegación, en 2023 se tasó en casi un millón de euros (954.150 euros).
La cronología, según la Delegación del Gobierno, es esta: en enero de 2018, el Ministerio de Fomento (con Íñigo de la Serna al frente) y el Ayuntamiento firmaron un protocolo de colaboración. Fomento se comprometió a financiar y ejecutar la rehabilitación una vez que el Consistorio lo comprara. En abril del mismo año, Santander solicitó a la Giese la cesión gratuita del edificio y la Gerencia ya respondió que esto es imposible por motivos legales. En enero de 2022, transcurridos cuatro años desde la rúbrica del primer convenio, este quedó sin vigencia. Un año largo después, en marzo de 2023, se lanzó la primera subasta del inmueble, que resultó fallida.
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Ana del Castillo
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