Santander trabaja en la renovación del Rema pero Costas no frena su derribo

Desde que se tomó la decisión plenaria en 2019 de rehabilitar el Rema, el Ayuntamiento y Costas han intercambiado mensajes contradictorios. Los primeros aseguran que han solicitado en más de una ocasión la parálisis de la demolición del inmueble y los segundos que no han recibido ninguna comunicación referente a ello. El concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha asegurado esta misma semana que «está a punto» de salir a licitación la redacción de la modificación puntual del PGOU para cambiar el uso del edificio y poder dedicarlo a escuela municipal de surf. «Ya está muy avanzada la redacción del contrato y se adjudicará de inmediato». Esta modificación es el paso previo para que Costas pueda dar la concesión al Ayuntamiento. El concejal expone que se han presentado varios requerimientos a Costas para paralizar su derribo y entiende que así se ha hecho, una visión completamente diferente a la que defienden desde la Demarcación.

Costas afirma que no se ha paralizado la tramitación del derribo del Rema y que, aunque aún no se han adjudicado los trabajos, el contrato de las obras para su demolición sigue en trámite. «El Ayuntamiento no nos ha remitido ninguna documentación para que pueda emitirse el informe previsto en el artículo 117 de la Ley de Costas en relación con la modificación de su planeamiento ni presentado ninguna solicitud de concesión para poder utilizar el edificio, que es lo realmente necesario si el Ayuntamiento quiere evitar la adjudicación del proyecto de demolición, tal y como se ha indicado en diversas ocasiones al Consistorio», subrayan desde la Demarcación.

Para que Costas pueda detener el trámite de demolición, el Ayuntamiento debe solicitar la concesión del edificio. Pero no puede pedirla mientras no cambie el uso actualmente recogido en el PGOU, de hostelería, por otro que permita su explotación como escuela de surf. En este punto se encuentra actualmente Urbanismo y, si la modificación y la petición de la concesión se desarrollan antes de que se adjudique la demolición, podrá realmente detenerse. Ahora, el futuro del Rema depende de qué administración resuelva más rápido su papeleo.

Desde que el Pleno tomó la decisión de darle una nueva vida al Rema, las idas y venidas entre las dos administraciones han sido constantes. En octubre de 2019, el Ayuntamiento solicitó la cesión para poder llevar a cabo las intervenciones. Pero no se supo nada más hasta marzo de 2020, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a licitación los pliegos para derribar el edificio y no sólo aseguraron que la solicitud municipal no se había producido, también añadieron que les habían insistido en varias ocasiones para que realizasen la modificación puntual en el PGOU.

El lío viene de lejos. Este edificio, que albergaba un bar-restaurante, cerró en 2013 y desde entonces ha permanecido así. Tras dos años sacándolo a concurso, el Ministerio lo adjudicó a un empresario para su reparación y explotación pero el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable que manifestaba que el Rema se encontraba fuera de ordenación urbanística y que por ello sólo se podían realizar obras limitadas en el edificio que, sin embargo, necesitaba una reforma integral. La disputa entre las dos administraciones se alargó y el empresario pidió una devolución de la fianza. Desde entonces, la situación está paralizada.