El juez anula dos resoluciones del Ayuntamiento de Santander sobre los horarios de los funcionarios

El fallo judicial estima así una demanda del sindicato UGT, que recurrió en su momento las dos resoluciones municipales con recursos de reposición que fueron denegados por el propio Consistorio, con el argumento de que en ninguna de ellas hubo «una negociación colectiva material». UGT aducía que se adoptaron «sin una negociación efectiva y real» con los sindicatos.

La sentencia, rubricada por la magistrada-juez Ana María Vega, dice que el hecho de que la reunión se convocara con cinco días de antelación, de los que dos corresponden al fin de semana, apunta a una «premura que se manifiesta en el acta donde, al tratar el punto del orden del día, ya se hace constar la falta de profundización en el tema y que sólo se tienen informaciones sobre el contenido de la propuesta, siendo necesario consultar a los trabajadores afectados».

«El orden del día se ha tratado, pero de ahí no puede deducirse sin más que haya una base negociada para tomar una decisión», argumenta el fallo judicial, que subraya que «sencillamente, la Administración (Ayuntamiento de Santander) no conoce la postura sindical» y «se pedía y se pide tiempo para fijar una postura y eso es lo que se ha denegado».

En un comunicado, la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha valorado la sentencia, que en su opinión, «confirma la fraudulenta dinámica negociadora seguida por el Ayuntamiento de Santander, a través del concejal de Personal y Seguridad, Pedro Nalda».

«Convocar una mesa de negociación para tratar asuntos, que exigen esa negociación previa según el Estatuto Básico del Empleado Públicos, sin dar el margen de tiempo necesario para que los representantes legales de los trabajadores puedan analizarla, consultarla a los afectados y recabar información para hacer una propuesta propia, no deja de ser una negociación irreal que se aleja del principio de buena fe que debe regir la negociación colectiva», ha matizado UGT.

El sindicato ha recordado que la propia sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo puntualiza que «debe garantizarse que la participación se haga en condiciones que aseguren la efectiva defensa de las posiciones» y entiende que el fallo judicial «es una muy severa llamada de atención a los responsables de personal del Ayuntamiento de Santander».