Los técnicos municipales confirman con informes que no es posible contratar personal jurídico externo

En su informe desfavorable, la argumentación esgrimida por la asesoría jurídica concluye que no se dan las «condiciones objetivas» para poder justificar dicha contratación y advierte de las consecuencias que ello pudiera acarrear a sus responsables. El documento jurídico se sustenta en dos consideraciones. La primera de ellas se refiere a la exposición de motivos del acuerdo del Pleno y sentencia que «se podrá o no discrepar del criterio jurídico de las personas que integran la asesoría jurídica municipal, pero no cabe entender que ello deba conducir a una pérdida de confianza, ni mucho menos admitir que se haya actuado en contra de los intereses municipales».

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Ángela Casado

texto continúa exponiendo que «lamentando la conclusión a la que han llegado los representantes políticos que han adoptado dicho acuerdo, debemos recordar, con absoluto respeto hacia ese órgano, que si algo ha procurado esta asesoría jurídica ha sido anticipar de forma transparente y sin demora alguna a los miembros de la Corporación municipal su leal opinión en Derecho acerca de la cuestión de fondo que suscita la controversia en ese procedimiento». Asimismo, señala que su opinión al respecto fue expuesta de forma reiterada a los grupos políticos, tanto por el letrado consistorial que interviene en dichas actuaciones, como por el propio titular de la asesoría jurídica municipal.

Por su parte, el servicio de Contratación argumenta que la necesidad de contratar ha de ser una necesidad «objetiva y para ello debe justificarse que la Administración carece de medios propios para poder prestar el servicio que se pretende contratar». Concluye asimismo que «no resulta posible» la tramitación del expediente para la contratación de un letrado y un procurador para la defensa jurídica en un asunto competencia del Pleno por varios motivos. Entre ellos se encuentran las carencias de un informe que justifique la necesidad e idoneidad del contrato; de retención de crédito por el gasto que suponga el mismo; de un pliego de prescripciones técnicas, así como de los criterios para valorar las ofertas técnicas que se presenten, además de la existencia de un informe desfavorable emitido por la asesoría jurídica municipal.

El portavoz de Vox y precursor de la propuesta para contratar letrados externos, Guillermo Pérez-Cosío, considera lo ocurrido como «un perfecto ejercicio de cinismo» y recuerda que el Reglamento de la Asesoría Jurídica, aprobado por la propia Junta de Gobierno local, establece que «por razones de funcionalidad administrativa puede acudirse a la contratación de abogados externos».