Los vecinos del Primero de Mayo tienen que decidir ya si quieren comprar las viviendas

Muchos tienen clara su intención de comprar. Eso sí, con los precios que se contemplaron cuando empezaron a vivir allí y no por más del doble como se les exige ahora. Han agotado varias balas: la de tratar de llegar a un acuerdo con la promotora y la de pedir a la Consejería que intervenga entre ambos. Pero ninguna de las dos opciones ha llegado a buen puerto. La promotora no cede y la responsable de Vivienda, Ana Belén Álvarez, dice estar «con las manos atadas». Ahora, han puesto el asunto en manos de un abogado para intentar conseguir «un precio justo» o, al menos, retrasar el momento de la decisión.

Es en junio cuando cumplen el plazo de los diez años de alquiler que les obliga a dar el paso a comprar, irse o bien iniciar un nuevo alquiler que les obligaría a perder la cantidad que han pagado durante esta década y, por consiguiente, la parte que se les descontaría de la hipoteca. Aunque faltan dos meses para agotar el plazo, tienen que trasladar su decisión este semana a la promotora. Y tienen muy claro que quieren quedarse, pero no por el doble de lo pensado.

Aunque durante estas semanas su comunicación con el promotor «ha sido inexistente», como explica una de las vecinas afectadas, Laura Gutiérrez, sí han recibido un burofax de la empresa en el que les traslada esa doble posibilidad de comprar por un precio que dobla su estimación o hacer un nuevo contrato de alquiler. Ante lo que su abogado, en nombre de los vecinos a los que representa, ha respondido que la intención de los inquilinos es adquirirlos por el precio que se calculó en 2011. A lo largo de esta semana o de la próxima, abogado y vecinos se reunirán para afrontar los próximos pasos a dar y el letrado presentará documentación para suspender la obligatoriedad de dar ya una respuesta a la promotora y retrasar la decisión hasta que la situación actual se calme y se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.

«En el contrato no se recogía ningún baremo sobre el precio final a pagar. Sólo sale una fórmula aritmética y nuestro abogado ya nos ha dicho que no es nada habitual», expone Gutiérrez, quien recuerda que desde el Gobierno de Cantabria se estimó entonces que estaría en torno a 100.000 euros. «Son viviendas de protección oficial que cuentan con una subvención regional, no esperas que te engañen». Todo el lío viene de una cláusula del documento que indica que el precio máximo para adquirir los inmuebles en propiedad, tras diez años de arrendamiento, sería el resultante de multiplicar los metros cuadrados de superficie útil por dos veces el precio máximo legal correspondiente al momento de su calificación provisional, lo que en este caso dobla la estimación con la que contaban.

Este pasado lunes, en el Pleno del Parlamento de Cantabria, Álvarez aseguró que su departamento está «con las manos atadas» en el caso de los pisos del Primero de Mayo. El diputado del Partido Popular Roberto Media lamentó la «incapacidad» del Ejecutivo para solucionar este problema y apuntó que el Ayuntamiento de Santander ha cambiado las condiciones de un contrato similar en auxilio de las familias. La consejera recordó que, en este segundo caso, el propietario es el Consistorio y no una empresa privada, lo que cambia la situación por completo.