El biogás 'estalla' en España

Primero fueron los parques eólicos, después los huertos solares y ahora es el turno de las plantas de producción de biogás procedente del tratamiento de residuos orgánicos. La transición hacia un modelo de producción energética más ecológico, con menos emisiones de efecto invernadero, está basada fundamentalmente en estas tres patas. Pero a diferencia de la eólica y la fotovoltaica, el gas verde está aún pendiente de desarrollo en nuestro país. Y aunque 2025 parecía ser el año definitivo para su despliegue, todo apunta a que no será un camino fácil.

En sus planes, el sector no contaba con un factor que puede dar al traste con el desarrollo del vector energético de moda, esto es, la férrea oposición vecinal con la que se han topado los promotores de estas plantas en decenas de municipios españoles.

La cercanía a núcleos urbanos en algunos casos, las dimensiones de los proyectos en otros y el miedo a los malos olores y la toxicidad del ambiente en todos ellos han disparado hasta el centenar la creación de plataformas organizadas en contra de esta alternativa energética. Una vez más, la solución a un problema medioambiental se convierte en el problema.

Hasta ahora, en todo el país solo funcionan 11 plantas de fabricación de biogás o biometano, este último obtenido a partir de la depuración del primero. La mayoría de ellas están vinculadas a instalaciones agroindustriales, agroganaderas o, puntualmente, a grandes vertederos.

En ellas reciben residuos de origen orgánico -desechos de la industria alimentaria, purines, alpechines, lodos de depuradora, etc.- que, en grandes tanques, son sometidos a un tratamiento de descomposición similar al de la digestión humana. De este proceso se obtienen fertilizantes naturales -el llamado 'digestato'-, biogás y biometano.

Los primeros sirven directamente al sector agrícola; los segundos pueden ser empleados en instalaciones industriales como fuente de energía o inyectados directamente a la red ya existente de gas natural. Más aún, puede ser almacenado y hacer un papel complementario a las otras energías no gestionables -viento y sol- cuando estas falten.

El biogás posee las mismas propiedades calóricas que este último pero sin factura de gases contaminantes. Esta cualidad, sumada a que independiza en parte a España de las importaciones de gas ruso, explica el impulso que, desde el gobierno español y la propia Unión Europea se le quiere dar a esta fuente de energía aún por explotar.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reconocido en alguna ocasión que ahora las energéticas están «más enfocadas al biometano» cuando se le pregunta por el futuro de las nucleares. También el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, anunció recientemente su «apuesta a corto plazo» por este vector, que ve como «la opción más eficiente para acompañar a la industria en su descarbonización». A este ambiente propicio se suman los fondos Next Generation que Europa ha destinado a la construcción de estas plantas.

Mientras que este contexto da frutos, el escenario es de una importancia relativa para esta fuente de energía. Según los datos aportados a este diario por el propio sector, actualmente la potencia generada por la decena de plantas activas, operadas por Nedgia (Naturgy), Enagás y Redexis, es de 310 gigavatios por hora (GW/h).

Con esta cifra sólo se cubre un 0,10% de la demanda nacional de gas natural. «Una cifra aún baja comparada con países como Alemania o Francia», señala Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás (Aebig). Pero esta cifra podría crecer exponencialmente. «Con un despliegue adecuado, España podría multiplicar su producción y reducir la dependencia de los combustibles fósiles», valora el portavoz del sector, que al fin y al cabo es el objetivo.

En el año 2022 se publicó la Hoja de Ruta del Biogás en España. Pero su desarrollo va con retraso. Se ve muy lejano el objetivo para 2030 de producir 20 teravatios-hora (TW/h) al año que marcó la última revisión del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) si tenemos en cuenta que actualmente no se llega al teravatio. Estamos en 0,5 TW/h al año en producción de biogás, según la European Biogas Association.

En este escenario de escasez de este vector energético, de necesidad real de gestionar los residuos orgánicos que por ley todos los estados miembros están obligados a recoger de forma separada y tratar adecuadamente para obtener recursos de ellos a partir de este 2025, sumado a los incentivos económicos han provocado una auténtica eclosión de proyectos.

Casi se podría decir, tal y como señala Fernando Valladares, uno de los científicos expertos en cambio climático de referencia en nuestro país e integrante de una de las plataformas vecinales de protesta, «que no hay provincial que haya planteado algún proyecto ahora mismo».

Desde Aebig se reconoce esta situación pero la pone en sordina. Puchades explica que hay más de 150 proyectos presentados, pero se encuentran en distintas fases de tramitación y la construcción se materializará en función de si se cumplen todos los requisitos administrativos y medioambientales.

Es decir, que esta realidad no implica obligatoriamente que España vaya a tener en breve esa cifra de plantas operativas. Al contrario, el presidente de Aebig calcula que de marchar todo según lo previsto, «es posible que para 2025» sea una decena las nuevas plantas de biometano. En cualquier caso, sí serán el doble.

Uno de los casos más sonados de cómo un gran proyecto de planta de biogás se dio de bruces con la realidad municipal fue la planteada por Acciona en Cubas de la Sagra, donde a pesar de tener un informe medioambiental favorable por parte de la Comunidad de Madrid, finalmente la energética desistió del proyecto el pasado otoño al no obtener los permisos urbanísticos necesarios por parte del Ayuntamiento.

Algo parecido ha sucedido recientemente en Guarromán (Jaén), donde el objetivo era tratar los desechos de alpechín que ya de por sí inundan el ambiente de esta comarca andaluza.

El caso de Madrid es el estandarte que exhiben las nuevas plataformas vecinales que se constituyen para ejercer presión en contra de estas instalaciones y gritar que sí se puede contra esta industria. Según la información que traslada la organización Stop Ganadería Industrial, son 75 las asociaciones constituidas en distintas partes del país y van desde Lugo a Murcia, pasando por las dos castillas y Andalucía. En suma, la España rural que no quiere perder su calidad de vida para tratar los residuos ajenos.

Uno de los últimos que ha saltado a la esfera pública es la construcción de una gran planta de biogás entre los municipios de Colmenar Viejo y Tres Cantos en la Comunidad de Madrid. Valladares promueve las protestas contra el proyecto, que ya cuenta con el beneplácito medioambiental del gobierno autonómico. Estaría situado a un kilómetro del núcleo urbano de la primera localidad y a unos tres de la segunda.

En este caso se replican los argumentos de los vecinos en todos los casos: el mal olor, el trasiego del transporte de residuos, los riesgos de fugas o contaminación accidentales… Pero sobre todo, la clave está en el tamaño del proyecto.

«El problema es ambiental, sanitario, social y de seguridad», insiste Valladares. Consciente de la importancia de impulsar una transición hacia un modelo circular donde se aprovechen los residuos, lo que critica es el «tamaño descomunal». Lo que piden los ciudadanos, dice, es «lo que pide la Ciencia y el sentido común». Esto es: que las plantas se hagan ajustadas al tamaño lógico para gestionar los residuos orgánicos que se produzcan en las inmediaciones, «no a decenas e incluso centenares de kilómetros».

Para la plataforma que integra el reconocido científico español, el criterio que se impone es el de rentabilidad económica y ni el ecológico ni el de respeto al entorno.

En Aebig son conscientes de la creciente oposición vecinal y creen que es «fundamental basar el debate en datos reales y demostrables y combatir la falta de información veraz y percepciones falsas que puedan generar un rechazo infundado».

El sector defiende que este modelo funciona exitosamente en Europa y las plataformas tienen una opinión en las antípodas de esta postura: «Hay decenas de casos en los que la gente ha tenido que mudarse y dejar su casa, quienes han podido, porque se hace insoportable» la convivencia con una planta que, sentencia Valladares, es insoportable. «Del cóctel de gases hay que limpiar, entre otros, el sulfhídrico, que huele que apesta… Ya no es un olor molesto, es intoxicante», define.

Puchades reconoce que los olores son «una preocupación frecuente» pero defienden que las plantas cuentan con depósitos protegidos, sistema de biofiltración y lavado de gases, que eliminan los compuestos responsables del hedor.

«Con una gestión adecuada, los olores son inexistentes», defienden, poniendo como ejemplo a los proyectos nuevos que operan en Europa. Las evaluaciones de impacto ambiental y las exigencias antes de otorgarse los permisos, son suficiente garantía para los vecinos, dicen desde Aebig. Para estos últimos, en palabras de Valladares, «los informes son de parte de las empresas y España es el país europeo donde más se incumplen las leyes medioambientales».

Lo cierto es que la respuesta de las distintas administraciones es dispar. Mientras en algunas comunidades como la de Madrid reciben el visto bueno, en otras, todo lo contrario. Fue el caso reciente del vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que defendió públicamente «el derecho de los municipios a rechazar plantas de biometano», poniendo como ejemplo al Ayuntamiento de Carrión de Calatrava en su gestión para evitar la instalación de una en su término municipal.

En Lugo, donde los vecinos de la parroquia de Coeses, a dos kilómetros de la ciudad, también han dado la batalla, el proyecto no ha superado la evaluación medioambiental, en este caso, por los vertidos al Miño que contemplaba el proyecto.

Es a lo que se refieren desde Aebig, que los proyectos que no cumplan no obtendrán los permisos. No obstante, y aunque defienden que «estas instalaciones tienen un impacto significativamente menor que el de otras actividades industriales o agroganaderas que no cuentan con posibilidad de tratar adecuadamente los residuos», reconocen el freno que supone la falta de un criterio administrativo único.

«Desde Aebig reclamamos una simplificación y una mayor claridad en la normativa porque actualmente los trámites administrativos para desarrollar nuevas plantas son largos, complejos y varían entre comunidades autónomas, lo que genera incertidumbre», concluye Puchades.