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El ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, ha avanzado esta mañana en la UIMP que las novedades respecto a la prueba de acceso a la universidad no entrarán en vigor en este curso escolar. «Tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades hemos tenido en consideración que el actual Gobierno está en funciones y que hay algunas medidas que es mejor no tomar porque van más allá de lo que está previsto desde el punto de vista normativo», ha explicado el ministro tras su intervención en un curso en Santander. Además, con este retraso se atendería a la demanda del propio sistema universitario, «que nos pedía una prórroga, por lo que la nueva EBAU no se pondrá en marcha hasta el curso 2024/2025».
Por tanto, la actual Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se mantendrá prácticamente igual un curso más. El cambio estaba previsto en principio para junio de 2024 en consonancia con la nueva ley educativa, la Lomloe, que contempla un nuevo currículo por competencias del Bachillerato. El Ministerio tenía dudas de si un Gobierno en funciones, como el actual, podía aprobar el real decreto que establecía la nueva Selectividad por lo que ha consultado a sus servicios jurídicos, que han confirmado que no puede hacerlo.
El Gobierno en funciones ya ha informado del aplazamiento de la nueva prueba a las Comunidades Autónomas. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, han trasladado también esta decisión a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que abogaba por posponer los cambios a junio de 2025.
El Gobierno regional ha expresado su satisfacción tras la reunión telemática celebrada con las comunidades autónomas, a la que ha asistido el consejero Sergio Silva, quien ha indicado que la decisión del Ministerio se alinea con la postura de prudencia del Ejecutivo regional y de «no aplicar un nuevo modelo de EBAU que generaría tensiones y, probablemente, dificultades al alumnado».
Durante la reunión, Cantabria ha trasladado al Ministerio la necesidad de situar siempre a los alumnos en el eje de la toma de decisiones, que deben alcanzarse con «prudencia» y «consenso», según un comunicado, en el que señala que se ha solicitado «celeridad» en la elaboración de la orden reglamentaria que debe establecerse para regular la prueba de la EBAU en 2024, de manera que se haga lo antes posible «para generar las máximas certezas entre el profesorado y el alumnado de cara a este curso».
Efectivamente, la medida despeja las dudas para un cuarto de millón de jóvenes que la próxima semana comienzan segundo de Bachillerato y que no aún no sabían cómo iba a ser su prueba de acceso a la universidad, un examen que condiciona su futuro académico.
Con la decisión tomada este jueves, las consejerías, los centros educativos, los profesores y los alumnos podrán adaptar las clases y las materias que se tratan en segundo de Bachillerato a la actual Selectividad.
El cambio introducía exámenes más competenciales (no tanto memorísticos) y con preguntas relacionadas entre sí. También aumentaba un cuarto de hora la duración de las pruebas (de 90 hasta 105 minutos por examen). Otra de las principales modificaciones que contemplaba el nuevo decreto que ha decaído era la posibilidad de elegir entre las asignaturas de Historia y de Filosofía. Ya no habrá la opción de Filosofía, pese a que ésta es obligatoria en segundo de Bachillerato (Historia de la Filosofía). «La Selectividad de 2024 será igual a la de 2023», insisten desde el Ministerio, cualquier modificación corresponderá hacerla al nuevo Gobierno si jurídicamente es viable», señalan las mismas fuentes de Educación.
«Más allá de consideraciones jurídicas o técnicas, lo importante era transmitir tranquilidad, certidumbre y confianza a los chicos y chicas que se tienen que examinar en junio de 2024 y que no les vaya a caer una normativa nueva a mitad de curso con un cambio en las reglas del juego», dijo José Manuel Bar. El secretario de Estado de Educación recordó que «desde el mismo inicio del curso» los estudiantes de Segundo de Bachillerato sabrán qué modelo de pruebas de acceso a la universidad va a haber «y por tanto eso les va a dar más confianza».
Bar justificó la decisión de mantener el decreto vigente, pese a que tenían todo listo para aprobar el nuevo, «para no condicionar lo que el Gobierno entrante quiera hacer«. «Para un Gobierno en funciones el margen para generar normativa nueva es estrecho, pero dejamos los deberes hechos». El número dos del Ministerio explicó que «a partir de ahora habrá una orden que reglamente los contenidos de las pruebas que tienen que adecuarse al nuevo Bachillerato, como se hace cada año. Pero vamos con tiempo«.
La noticia ha sido bien recibida por la presidenta de Crue, Eva Alcón Soler, que ha puesto de relieve que «es una de las peticiones que hicimos desde Crue porque los estudiantes de bachillerato están a punto de comenzar el curso y tienen que saber las reglas de juego. Es importante que vayamos de la mano para ofrecer una prueba que ofrezca garantías, tenemos la experiencia de muchos especialistas que llevan años trabajando sobre el tipo de examen, la duración, y esa experiencia no la podemos perder».
En lo que respecta a la temática del curso, la financiación de las universidades públicas españolas, Subirats ha destacado la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada este mismo año y que «reconoce la infrafinanciación de las universidades» por lo que el compromiso es «alcanzar el 1 % del PIB en educación universitaria antes del 2030». Todo ello, sabiendo que el sistema «es complejo y que requiere una relación entre Estado, comunidades autónomas y universidades». Con todo, el ministro ha resaltado que «cada euro invertido revierte cinco euros más en progreso y bienestar económico», según un informe presentado por el Ministerio en el mes de julio. Además, Subirats ha apostado por recuperar el nivel de financiación ya que desde los años 2008- 2010 ha caído en un 20% en España.
Sobre esa financiación, Eva Alcón ha defendido que «tenemos evidencias de que las universidades públicas españolas estamos infrafinanciadas, tenemos evidencias del gran papel que jugamos en cada uno de nuestros territorios, también de la complejidad de nuestro sistema en el sentido de que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero hay que trabajar conjuntamente para definir qué indicadores tenemos que tener en cuenta, qué aspectos tendrían que formar parte de esa financiación para que las universidades ofrezcan el servicio que nos caracteriza».
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