Los profesores proponen recuperar la jornada reducida este mismo curso si se deroga el Real Decreto de Rajoy

En el enésimo capítulo sobre el conflicto del calendario escolar cántabro, los sindicatos han lanzado una nueva propuesta -«y van tres», subrayan- para acabar con el tira y afloja. Nueva por su forma, aunque no por su fondo, porque a la postre continúa exigiendo la rectificación del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), para regresar a la jornada reducida de junio y septiembre, aunque con un matiz. Solicitan a Mañanes que modifique el calendario publicado ya en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para implantar de nuevo la jornada reducida en el próximo mes de junio. Y se amparan en la «inminente derogación», según ha prometido el presidente de España, Pedro Sánchez, de algunos artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), entre los que se encuentra el Real Decreto promovido por Mariano Rajoy para racionalizar el gasto público y sobre el que se apoyó el consejero cántabro para mantener su postura. Solo así, dicen, puede apagarse el fuego del conflicto que no parece tener fin en las aulas cántabras.

«En el momento en que no exista la legalidad en la que se ampara el consejero para eliminar la jornada reducida, lo lógico es que rectifique», ha esgrimido Jesús Aguayo, representante de STEC, uno de los sindicatos que junto a ANPE, CC.OO y UGT configuran la Junta de Personal Docente de Cantabria, que ha utilizado esta vuelta de tuerca argumental para forzar al consejero a dar marcha atrás.

Fernández Mañanes se apoyó en el Real Decreto-Ley de 2012, aprobado por Mariano Rajoy en época de recortes, para obligar al cumplimiento de las 25 horas lectivas semanales en Infantil y Primaria, incluidos los meses de junio y septiembre, para llegar al cómputo global de 875 horas. «Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha avanzado que derogará ese Decreto con la mayor celeridad posible, y nosotros creemos que es una razón de peso para que el consejero, que hasta ahora se amparaba en la necesidad de cumplir esa Ley, dé marcha atrás y regrese a la jornada reducida de junio y septiembre en cuanto las Cortes Generales den ese paso», esgrime Aguayo.

La medida obligaría al Ejecutivo cántabro a rectificar un calendario que fue publicado ya en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). «No sabemos si existe algún precedente; pero no tiene por qué ser tan complicado. Además, a grandes males, grandes remedios, ¿no?», defiende el representante de los maestros. Un colectivo que ha publicado hoy un comunicado anunciando la propuesta, y que además censura a Fernández Mañanes por «las declaraciones en las que amenaza al colectivo docente».

«Para este órgano sindical, los exabruptos del consejero solo sirven para echar más gasolina al incendio que él mismo provocó enojando, aún más si cabe, al profesorado. Pero esta Junta no va a caer en las provocaciones del máximo responsable de la administración educativa cántabra, y ya que éste sólo es capaz de ofender y de crispar el ambiente en los centros, nos vemos en la obligación de tomar la iniciativa una vez más y de hacer una nueva oferta que desbloquee la actual situación».

Los profesores aclaran en este comunicado que han registrado oficialmente la propuesta al consejero de Educación, proponiendo como solución la firma de «un compromiso de modificación inmediata de la jornada escolar del mes de junio de 2019, retomando la jornada reducida pactada en la mesa sectorial del 16 de mayo de 2018, en cuanto el Real Decreto-Ley 14/2012 sea derogado efectivamente por las Cortes Generales».

Y exigen al responsable cántabro de Educación una actuación «no como un dirigente político preocupado por los cálculos electorales, sino como un buen gestor público, que como tal no puede crispar más la situación con declaraciones tan insensatas como las recientemente publicadas». Por el momento no hay reacción por parte del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes.

Los sindicatos exigen también una reacción por parte del presidente regional: «En el caso de que la Consejería sea incapaz de acordar una solución, el Gobierno, con el presidente Revilla a la cabeza, no debe lavarse las manos y debe alcanzar una solución dialogada».