El Gobierno inyectará 1.300 millones extra para impulsar los cuidados en el hogar

Estos fondos adicionales, procedentes de la Unión Europea, pretenden ser el acelerador de la ambiciosa batería de reformas contenida en la nueva estrategia estatal, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Un documento de más de cien páginas que desgrana las actuaciones para revolucionar la atención a los aproximadamente cinco millones de mayores, discapacitados, sinhogar y menores bajo la responsabilidad de los poderes públicos que precisan cuidados o apoyos continuados, sobre el 10% de los españoles, al tiempo que se marca como obligación dignificar las condiciones laborales de las 750.000 cuidadoras profesionales y descargar de parte de sus esfuerzos no remunerados a los millones de cuidadoras familiares, en su absoluta mayoría madres, esposas, hijas o hermanas.

La inversión extra servirá para ampliar y modernizar los servicios de atención a domicilio, tanto con más horas, tareas y personal de asistencia en el hogar como con la universalización y mejora de la teleasistencia, y para impulsar el plan que trata de humanizar la actual red de residencias, especialmente las de gran tamaño, convirtiéndolas antes del final de la década en un lugar que respete la personalidad y los deseos de sus clientes y en el que vivan en un ambiente semejante al de un hogar. Estos fondos están destinados también a financiar proyectos piloto de ONG e instituciones alineados con la estrategia y a tratar de garantizar que se cumple el objetivo de que en 2030 todos los niños tutelados por el Estado menores de diez años estén en acogimiento familiar.

El dinero llegado desde la UE debería ser solo el empujón inicial de una estrategia que admite que el cambio que busca requerirá de muchos años («no será de hoy para mañana»). El grueso de los fondos que permitirían ejecutarla deberán salir de una mejora notable y progresiva de los presupuestos estatales y autonómicos para la dependencia y las familias, cuyos aumentos concretos se fijarán en cada uno de los tres planes operativos bienales, el primero de los cuales se quiere tener aprobado este otoño. Se trata más de una obligación que de un deseo, pues si hoy el 20% de los españoles ya tienen más de 65 años y necesidades crecientes de ayuda, en 2035 esta proporción será del 25% y en 2047 del 30%.

La nueva estrategia tiene como objetivo acabar con un modelo que considera de precarizado, insuficiente y centrado en una atención institucionalizada, mediante el formato de las grandes residencias, en las que hay ingresados más 350.000 españoles. Aspira a transitar a un modelo en el que la atención se adapte al máximo a las necesidades de cada beneficiario, que deberá poder seguir como norma general en su casa, en su barrio, en su pueblo y con su vida, que es la que demanda el 94% de los afectados.

Los futuros servicios públicos de cuidados buscan un trato personalizado, con atención a pequeña escala y de proximidad, por lo que se basarán en la potenciación de la atención domiciliaria y de la teleasistencia, en el aumento del número de centros de día y en la reconversión de las grandes residencias -empezando por las de nueva apertura y adaptando las existentes- en núcleos de convivencia de tamaño reducido, conectados con la comunidad donde se ubican, con un trato individualizado, poder de decisión sobre su día a día y con un ambiente hogareño. Prevén también estructuras residenciales alternativas como las viviendas colaborativas o los recursos multiservicios en el ámbito rural.

Estructura la atención a domicilio en pequeños equipos de proximidad que procuran atender a las mismas personas en las mismas zonas, para así minimizar las rotaciones, poder conocer mejor al dependiente y darle un trato más familiar. La teleasistencia pasará a ser un derecho de todo el que la precise y no se ceñirá exclusivamente a lo asistencial sino que deberá ser proactiva, mantener una relación fluida con el beneficiario, conocer su situación emocional y utilizar sistemas y elementos innovadores que le den seguridad para una vida autónoma.

Se busca la mayor autonomía posible del dependiente, por lo que hay que garantizarle elementos indispensables como la vivienda, unos ingresos suficientes, un hogar y un entorno accesibles y mejor coordinación entre las áreas sociosanitarias. También hay que establecer mecanismos de detección precoz de los riesgos de caída en la «institucionalización», para responder con medidas rápidas que lo eviten.

El segundo gran objetivo de la estrategia es garantizar «dignidad y derechos» a quienes cuidan, tanto a las profesionales, con malas y precarias condiciones laborales, como a las familiares, faltas de ayuda y protección. Las empleadas de residencias y ayuda a domicilio, unas 750.000, un tercio de ellas con trabajos a tiempo parcial, cobran entre el 40% y el 60% menos del salario medio español.

El plan a ejecutar en los próximos seis años pretende mejorar las condiciones de estas trabajadoras para garantizar sus derechos, pero también para revalorizar un trabajo que precisa ampliar y rejuvenecer sus plantillas. El documento calcula que en una década serán necesarias unas 133.000 trabajadoras más para dar una atención suficiente. El Gobierno prepara una mesa de diálogo social para mejorar las condiciones y el trabajo en el sector con la participación de patronales y sindicatos, y va a crear otro grupo de trabajo con el mismo objetivo con las autonomías.

El soporte jurídico para hacer posible esta estrategia está previsto que lo aporte este verano el Consejo de Ministros con la aprobación de un anteproyecto de ley que introducirá un amplio paquete de reformas tanto en la norma que regula la atención a la dependencia como en la que define los derechos y las ayudas a las personas con discapacidad.