El Gobierno prepara la primera radiografía real sobre la violencia contra la infancia

El Gobierno ha dado esta semana el primer paso para sacar la violencia contra la infancia y la adolescencia de la opacidad que la oculta y silencia. Lo hace con la creación de una herramienta que permitirá obtener la primera radiografía sobre las dimensiones y características reales de esta lacra en España, que los expertos sospechan que marca y condiciona la vida de decenas de miles de menores.

El Ministerio de Juventud elabora el real decreto con el que pretende crear y regular el Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el lugar donde, sin identificación de víctimas o agresores, las diferentes administraciones, poderes y organismos comuniquen todos los casos de los que hay conocimiento, el estado de los procedimientos, las medidas adoptadas y las características del hecho, de la víctima y del agresor. Datos que deberían arrojar luz sobre este drama, sacarlo del ámbito privado al debate social y hacer un diagnóstico realista de la situación.

El real decreto ya ha salido a consulta pública, para que ciudadanos e instituciones hagan sus aportaciones, el paso previo a que elabore el texto que aprobará el Consejo de Ministros. La disposición legal, que se quiere tener en vigor en 2025, además de responder a una necesidad cumple el mandato para su creación que estableció en 2021 la ley de protección integral a la infancia contra la violencia (Lopivi).

A día de hoy, en España no hay datos ni fiables ni realistas sobre esta lacra, porque las fuentes oficiales están dispersas y son parciales, insuficientes y heterogéneas. Los registros parciales y las estimaciones de las ONG apuntan a que el maltrato en todas sus formas, los abusos sexuales, la violencia vicaria y de género o el acoso escolar que sufren los menores tienen decenas de miles de víctimas anuales, pero las denuncias no son siquiera la punta del iceberg. Buena parte del manto de silencio se debe, además de la ausencia de datos fiables, a que el grueso de esta violencia se tapa porque la ejerce la propia familia directa o el entorno más próximo del niño, quien tarda muchos años en ser capaz de contarlo, si es que lo consigue.

El primer problema que pretende resolver el registro central es el de acabar con la dispersión de datos y la descoordinación entre instituciones. La nueva herramienta centralizará toda la información sobre violencia contra la infancia que deberán remitirle los organismos nacionales, autonómicos y locales, de forma principal las denuncias a las fuerzas de seguridad del Estado, los procedimientos judiciales en manos del Consejo General del Poder Judicial y la información y expedientes que maneje la red de Servicios Sociales y del sistema sanitario, con especial implicación de la atención primaria.

El segundo objetivo es unificar criterios en la recogida de información para permitir un procesamiento uniforme y la comparación. Fijará los datos concretos a aportar por cada institución de cada caso de violencia, entre los que deberían aparecer desagregados el sexo, la edad, la nacionalidad, la situación o no de vulnerabilidad, el tipo y grado de discapacidad y todas las características de autor y víctima.

Esta centralización y homogeneización permitirá al Ejecutivo elaborar los primeros informes anuales con datos precisos, variados y comparables sobre la violencia contra niños y adolescentes en todo el país, que permitirán un conocimiento real de la situación por todas las administraciones. Es el escenario previo e indispensable para diseñar y aprobar políticas públicas, estrategias y medidas eficaces y dirigidas al corazón del problema.

El registro central tendrá entre sus aliados un instrumento que ya ha comenzado a ponerse en marcha, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia hacia la Infancia. Esta herramienta amplía y mejora el precedente que funciona desde hace más de una década, que solo recopila informes básicos de los servicios sociales sobre maltrato intrafamiliar, sin incluir casos como los recogidos por los trabajadores sociales de los centros de salud y sin aportar información, por ejemplo, sobre el perfil de la víctima, del agresor o sobre las intervenciones oficiales que había desencadenado el hecho.