Igualdad aumentará un 40% las pulseras GPS para frenar los crímenes de género

Los cálculos del departamento dirigido por Irene Montero son que a lo largo del año se activarán casi 1.300 nuevos dispositivos telemáticos para evitar que los maltratadores con mayor índice de riesgo puedan aproximarse a sus víctimas, que se sumarán a las poco más de 3.000 pulseras en funcionamiento a finales de 2022. A día de hoy, este sistema de seguridad tiene un uso elevado en relación a la población femenina en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, Canarias o Comunidad Valencia y muy bajo en Cataluña, La Rioja o País Vasco.

Con la implantación de los nuevos controles telemáticos se dará un salto sin precedentes pues, en dos años y medio, desde el verano de 2021, las pulseras que alertan a la policía cuando un maltratador se aproxima a menos de 500 metros de donde está su víctima o de los lugares que le han sido prohibidos por el juez -el domicilio familiar, el trabajo de la mujer, el centro escolar de los hijos o el propio término municipal en el caso de pueblos- pasarán en España de 2.517 a 4.296, con un aumento total del 71%.

El despliegue será posible por el aumento del presupuesto estatal destinado a luchar contra la violencia machista, que se ha duplicado desde 2018. Los fondos de recuperación europeos permitirán la compra de los nuevos aparatos y el aumento del presupuesto ordinario de Igualdad servirá para cubrir el aumento de los gastos de gestión.

El sistema cuenta con un centro de coordinación que funciona 24 horas al día los 365 del año y que controla las aproximaciones vedadas a la víctima o a sus lugares de tránsito habituales y avisa a la policía y a la propia amenazada ante las violaciones de la orden de alejamiento o los intentos de manipulación del dispositivo por parte del maltratador, al tiempo que atiende a la mujer y alerta a los agentes cuando la amenazada pulsa el botón del pánico de la pulsera.

La urgencia de un fuerte incremento de las víctimas de la violencia machista protegidas por pulseras GPS es una de las demandas para terminar con algunos de los actuales fallos de seguridad en que coinciden todos los agentes en primera línea de la lucha contra esta lacra: ministerios, policías, jueces, fiscales y servicios sociales. Es una de las medidas prioritarias reclamadas en todos los cónclaves de crisis celebrados estos días para frenar la actual ola de crímenes.

La razón es simple. Ninguna de los 12.000 mujeres que desde 2009 han sido protegidas con estos dispositivos fue asesinada por su pareja o expareja. Es un sistema determinante para blindar la seguridad de las amenazadas y para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento dictadas por los jueces. Disuaden al agresor de aproximarse a su víctima, dan tranquilidad a la mujer y avisan a los policías de una situación de riesgo y, además, pueden ser usadas como elemento de prueba en cualquier proceso por quebrantamiento de la media de seguridad, pues documentan al detalle las violaciones.

El aumento de dispositivos en funcionamiento permitirá a policías y fiscales cumplir con las instrucciones dadas esta semana por sus superiores y responsables políticos. Los fiscales tiene la directriz de multiplicar la petición de órdenes de protección y alejamiento para los maltratadores en los que se detecte riesgo de agresión aunque las víctimas no las soliciten. De igual manera, tanto policías como defensores públicos deberán pedir al juez que imponga al denunciado una pulsera GPS en todos los casos que no se solicite prisión provisional para ellos, pero que los estudios policiales o forenses indiquen que la víctima o sus hijos corren al menos un riesgo medio de «especial relevancia» de ser atacados.

El notable crecimiento de los dispositivos telemáticos para el control de agresores entre 2022 y 2023 también permitirá cumplir con lo previsto en las leyes del 'solo sí es sí' y de protección de la infancia, que ordenan extender el uso de estos medios técnicos de protección a los niños y adolescentes y al resto de las víctimas de violencias machistas, como son las de tipo sexual, de acoso, de trata, de matrimonio forzado o de mutilación genital.