Los jueces estarán obligados a quitar la tutela a pederastas y proxenetas

Con independencia de las enmiendas que los dos socios del Ejecutivo aceptarán a otros grupos, ambos, PSOE y Unidas Podemos, han consensuado 29 modificaciones al proyecto de ley que inicialmente patrocinaron los ministerios de Igualdad y Justicia, cambios que tienen altas posibilidades de incorporarse durante la actual negociación al texto legal que luego aprobará el pleno del Congreso. Estas son alguna de las novedades que los partidos que sostienen al Gobierno quieren que recoja la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Una de las enmiendas de los grupos gubernamentales establece que la sentencia contra quien agreda sexualmente o corrompa a un menor y contra quienes delincan instigando la prostitución deberá, en todos los casos, privarles de la patria potestad de sus hijos o, al menos, inhabilitarles para el ejercicio de este derecho, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años.

La reforma dejaría sin otra opción al juez, pues, en lo referente a los autores de estos delitos, cambia la expresión «podrá imponer» por «impondrá» y eleva el tiempo de sanción (antes de entre seis meses y seis años). Los cambios también establecen que el juez, como regla general, debe suspender las visitas a los acusados por violencia de género. La tesis que subyace es que un pederasta, un proxeneta o un maltratador no puede ser un buen padre.

Los cambios suponen que Gobierno, autonomías e instituciones locales deban lanzar campañas regulares de concienciación para desvelar la crueldad y las vejaciones que hay detrás de la prostitución, con el objetivo de desincentivar a potenciales consumidores. Quieren que los puteros interioricen que prostitución y explotación sexual son sinónimos y que ellos son «corresponsables» de esta lacra.

Es el complemento al endurecimiento de la persecución penal de los proxenetas. Tanto de los chulos que empujan a las mujeres a la prostitución como de los empresarios que se lucran con la explotación sexual en puticlub, pisos o habitaciones por horas.

PSOE y Unidas Podemos quieren que tanto la ley del 'solo sí es sí' como la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyan en sus artículos que las pulseras telemáticas, los dispositivos GPS que delatan cuándo un agresor se aproxima a su víctima, se pueden usar para garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y alejamiento en cualquier caso. No solo con la violencia de género sino también en las investigaciones del resto de las violencias machistas que persigue la nueva ley, como la sexual, el acoso, la trata, el matrimonio forzado o la mutilación genital.

Otra de las modificaciones que se incorporará a la ley es la prohibición explícita de publicar o divulgar datos o imágenes que permitan identificar a cualquier víctima de las violencias machistas. Se complementa con la orden a la Agencia de Protección de Datos para que cree un canal ágil, sencillo y seguro para denunciar estas situaciones.

De igual manera, realizan un cambio en el Código Penal para sancionar con una multa a quien continúe la cadena de difusión de imágenes, normalmente íntimas, que lesionan los derechos a la privacidad de un tercero que nunca ha autorizado su difusión pública.

El bloque de enmiendas incluye toda una serie de mejoras de la ley de 2004 contra la violencia de género, la mayoría pactadas con el resto de grupos, salvo Vox. Declaran todos los mecanismos de atención, asistencia y ayuda a las víctimas de cualquier violencia machista, incluidas las pulseras GPS, como servicios «esenciales». Deben estar garantizados en estados de alarma y situaciones excepcionales. Por ello, ven imprescindible que todos los territorios cuenten con centros de crisis de 24 horas y comprometen una financiación «suficiente» del Estado para garantizarlo.

Otro añadido es el que especifica que el Gobierno tiene un año para enviar al Congreso sendas reformas de la ley del poder judicial y del estatuto fiscal para extender la competencia de los juzgados de violencia contra la mujer a la investigación de todas las violencias machistas y para especializar a los jueces y fiscales que se van a encargar de esta labor.

También obligan a que cada área judicial cuente con su equipo de valoración forense contra las violencias machistas (incluidas las guardias), que trabaje por solventar todas las pruebas en un único examen y que dicten protocolos específicos para prevenir la violencia vicaria.