Los jueces piden limitar la libre determinación de género a mayores de 18 años

Los jueces aceptan la autodeterminación de género, la capacidad de cualquier ciudadano de cambiar su sexo en el Registro Civil con su solo deseo, sin la obligación actual de que hayan iniciado el tratamiento hormonal y de que los psiquiatras avalen su disforia de género, pero piden que quede limitada a los transexuales mayores de 18 años y no a los de más de 14 años, como figura en el actual anteproyecto. Los adolescentes de 12 a 17 años con la modificación del CGPJ también podrían cambiar su sexo en el Registro Civil, pero será resultado de una decisión judicial no de la exteriorización de su mera libertad. Un proceso en el que además de la reclamación del menor y del apoyo de sus padres el magistrado deberá comprobar el grado de madurez del demandante y la estabilidad de su deseo de transexualidad.

El dictamen del Poder Judicial también pide al Ejecutivo otras tres modificaciones importantes en su ley. La primera, reclaman que la reversión de un modificación del sexo en el registro no se ni algo fácil ni ilimitado sino una posibilidad «absolutamente excepcional», a conceder por un juez y que solo será posible en casos y condiciones muy concretos que la ley deberá tasar. La segunda, piden medidas y cautelas legales para evitar las situaciones de discriminación a las mujeres tanto en las competiciones deportivas femeninas como en las pruebas físicas para procesos selectivos laborales o académicos por la participación en igualdad de condiciones y sin limitaciones de mujeres trans. Y la tercera, solicitan que el texto garantice que el cambio de sexo no permitirá eludir los hechos, obligaciones y responsabilidades contraídos durante la situación anterior al cambio registral respecto a casos de violencia de género, para evitar improbables fraudes o burlas que eludan la ley o faciliten agresiones machistas.

Las reclamaciones de los juristas apuntan a un nuevo tira y afloja entre los dos socios del Gobierno para definir el texto que llevarán finalmente a la aprobación del Consejo de Ministros en una ley que ya vivió en 2021 un duro pulso entre socialistas y Unidos Podemos hasta que, tras cuatro meses de bloqueo y la intervención de Pedro Sánchez, se pacto en junio pasado una fórmula para admitir legalmente la autodeterminación de género, acuerdo que sin embargo dejó heridas en el Ejecutivo y en el feminismo clásico y que contribuyó a la salida en el verano del Gabinete de la vicepresidencia primera de Carmen Calvo.