Justicia investigará el número de enterramientos ante el desfase en la cifra de muertos

En concreto, Justicia pide a los registros que envíen al ministerio todos los días «una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

Es decir, el Ministerio no se fía del modelo actual, que se basa en un documento que envió el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas al principio de la crisis en el que requería que se contabilizaran solo los casos confirmados por coronavirus, no los sospechosos o los probables. Teniendo en cuenta la falta de pruebas diagnósticas para conocer si los fallecidos lo habían sido a causa del Covid-19, la cifra real de decesos será con toda seguridad muy superior a la oficial (ayer se elevaba hasta 13.798).

Justicia no esconde su incredulidad hacia los datos de fallecidos que cada mañana hacen públicos los representantes de Sanidad. Así, en su escrito, el ministerio de Campo argumenta la importancia de la colaboración de los registros porque «es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados».

Aunque desde el inicio de la crisis del coronavirus existieron muchas dudas sobre las cifras oficiales de fallecidos (no solo en España, sino en el resto de los países azotados por la pandemia), las sospechas se han concretado al aparecer los datos de defunciones en determinadas provincias y comunidades autónomas. Así, en Ciudad Real, en marzo de 2020 se registraron 1.163 fallecimientos, cuando en marzo de 2019 el número de finados fue de 470. De esas 1.163 muertes sólo 357 se relacionaron directamente con el coronavirus si bien se contabilizaron 495 como «sospechosas». En el conjunto de Castilla-La Mancha, en marzo de este año hubo 3.319 fallecimientos –1.691 en marzo de 2019–, de los cuales 965 se confirmaron como causados por el Covid-19, aunque otros 956 se catalogaron como «sospechosos» de haber sido provocados por el virus.

El presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha reconocido, de hecho, la incapacidad de los servicios sanitarios para averiguar cuántas muertes han sido causadas por el virus al remitir sendos escritos al Servicio de Salud de la región (SESCAM) y a los colegios de médicos de esta comunidad alertando de la imposibilidad de intervención de los médicos forenses y de las autoridades judiciales de los juzgados de Instrucción en los levantamientos de cadáveres donde no haya indicios de muerte violenta, lo que impide la realización de autopsias, «y para evitar riesgos graves ante la sospecha de coronavirus».

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, entró este martes en el asunto al pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que aclare el desfase «para tranquilidad de todos los ciudadanos», ya que, recordó, son las comunidades autónomas las que se encargan de recabar las informaciones sobre los fallecimientos.

«Son datos puntuales que sería bueno y conveniente preguntarle al Gobierno regional. Lo que hacemos nosotros con los datos que se proporcionan es agregarlos y tener la capacidad con ellos de poder hacer un seguimiento de esa monitorización», agregó.