La mayoría de los huérfanos de violencia machista tiene menos de 12 años

Aunque se han aprobado leyes para proteger a los menores cuyas vidas han sido destruidas por la violencia machista hay aún «lagunas y olvidos», dice Soleto, por donde hace aguas una ley «hecha para ayudar». Reconoce que «no son casos suficientes para generar masa crítica» pero en el Fondo Soledad Cazorla, que el año pasado concedió ayudas a 59 huérfanos de 36 familias, logran detectarlos.

Por ejemplo, la hija de una mujer asesinada por su padre hace 15 años, que solicita una exención de tasas para víctimas de violencia de género en la universidad. Se la niegan con la excusa de que aquella sentencia condenatoria al padre no es suficiente prueba para su condición actual. O los cuatro hijos de una mujer agredida, cuyo padre es condenado e incumple su deber de pagar la pensión de alimentos. Cuando la madre muere por enfermedad, el hombre se queda con la casa familiar. Al no fallecer la madre «como consecuencia directa de un crimen de violencia de género, estos jóvenes no se encuentran incluidos en los supuestos de pensión o prestación de orfandad», indica el documento de la Fundación Mujeres.

«Es cierto que desde 2015 se reconoce como víctimas a los hijos de mujeres maltratadas y que varios de los problemas importantes se solucionaron con las leyes de 2019 y 2022, que mejoran las prestaciones de la seguridad social, pero en la práctica para muchos huérfanos no mejoran las ayudas», indica Joaquín García-Cazorla, promotor del fondo que lleva el nombre de su madre. «Hay que mejorar la definición y los mecanismos para acreditar la violencia de género y que ninguno de estos hijos se quede fuera».

Entre las peticiones de modificación de la actual ley (orgánica 2-2022), el Fondo de Becas Soledad Cazorla pide ampliar las medidas de reparación y apoyo hasta los 25 años, «cuando terminan su formación universitaria», dice Soleto. También exigen una «acreditación específica para hijos de mujeres víctimas de violencia de género, en especial huérfanos» que evite la «caducidad» de las medidas de protección, con una ampliación de garantías a los hijos mayores dependientes.

Por ejemplo, otro caso recogido en las memorias del fondo de becas es el de una adolescente, hija de una mujer que denunciaba pero luego retiraba la acusación para volver a convivir con su agresor. Esta hija se independizó a los 17 años y logró entrar en un centro de acogida. Al cumplir 18, tuvo que abandonarlo sin ninguna ayuda.

Aunque la ley ha corregido que las prestaciones por asesinato de la madre se perciban incluso en caso de adopción o que los huérfanos perciban ayudas aunque el agresor no sea su padre y no estén en orfandad absoluta, todavía hay administraciones públicas que valoran la cuantía de la ayuda económicas o son dispares. Puede ir de los 2.000 euros anuales de Castilla-La Mancha para menores de edad hasta el pago único de Galicia de 7.000 euros que beneficia a los hijos de 30 años. «Pedimos que los criterios sean homogéneos», dice García-Cazorla.

Ante la arremetida de crímenes machistas de los últimos días, Soleto advierte que «es un recordatorio para no bajar la guardia. La mejor manera de afrontar la violencia de género es que quienes la sufren, en especial los huérfanos, puedan reconstruir sus vidas».