Los novios y maridos que matan a las extranjeras son españoles

Lo que no se han molestado nunca en desvelar quienes reiteran este dato cierto es que quienes matan con semejante desproporción, los novios, maridos o exparejas que se convierten en verdugos de las extranjeras, son españoles en su absoluta mayoría.

Los datos no mienten. En el año que acaba de terminar, 17 de las 43 mujeres víctimas de los criminales de género, el 40%, fueron extranjeras, pero solo cinco de los homicidas son de otros países. La razón de esta realidad, en principio chocante, es que el 70% de los asesinos de las inmigrantes, 12 de los 17, son españoles.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género destacó el dato durante su balance anual sobre esta lacra. Victoria Rosell buscó desbaratar «ideas de corte xenófobo», porque «hay más españoles que matan a mujeres extranjeras que extranjeros que matan a españolas». Y no solo eso. Los cinco inmigrantes que mataron a sus parejas cometieron el 11,6% de los asesinos de 2021. Un poco menos de su tamaño censal. Es decir, aunque algunos lo pretendan, no hay caso.

El análisis revela otro hecho preocupante. Un repunte de la violencia vicaria. Padres que matan a sus hijos para dañar en lo más profundo a las madres, la mayoría mujeres de las que están separados o en proceso de divorcio. En 2021 hubo siete niños asesinados por los maridos o novios de sus madres, que, además, eran también sus padres biológicos. En el 71% de las ocasiones la mujer había cortado la relación y en menos de las mitad, en tres, el homicida también mató a la madre.

Es uno de los años con más crímenes vicarios. Solo un muerto más que en 2017 y los mismos que en 2015 y 2018. Rosell defendió que está «crueldad» se produce porque, tradicionalmente, «cuando la mujer logra salir de las relaciones violentas los hijos siguen a merced del agresor». «En esos casos –añadió–, el maltratador no puede hacer daño directo a su pareja y se lo hace por persona interpuesta». El homicida atenta contra sus hijos porque muchos jueces, desde luego en el pasado, pero todavía hoy, centran más las medidas de protección en la madre que en los niños. Prueba de ello es que las madres de cuatro de los siete menores asesinados contaban con medidas de protección judiciales.

Esto, reclamó la delegada, no puede seguir sucediendo. Para evitarlo se aprobaron dos reformas legales bajo la máxima de que un maltratador nunca puede ser un buen padre. La norma general ahora es que el juez, ante los indicios de violencia, debe cortar el contacto del agresor con los menores, suspender el régimen de visitas si lo hubiese y retirarle la patria potestad si ya hay condena. Para empujar en esa dirección, la Fiscalía está instando la revisión de todos los casos previos a la reforma, para vetar los contactos con el violento, e Instituciones Penitenciarias vigila que no haya más visitas a los maltratadores.

La noticia más positiva es que, con 43 fallecidas a manos de sus parejas, fue el año con menos asesinadas desde hace dos décadas. En la primera parte de 2021, hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo), solo hubo siete muertas, menos de dos al mes. El gran control que los maltratadores ejercían sobre sus víctimas, por la limitación de movimientos, les disuadía de llegar al extremo. En los tres meses siguientes ocurrió justo lo contrario. Una ola de asesinatos, con 20 víctimas, seis cada mes. Los verdugos respondieron a la libertad con muertes. En los últimos cinco meses, tras la alarma de instituciones y policía, que cuajó en un plan de choque, los crímenes retrocedieron a la mitad, con tres de media mensual.

«Más recursos e inversiones –se abrieron canales discretos de alerta, mejoró la detección precoz y la ayuda y las pulseras telemáticas aumentaron un 18%–, más concienciación ciudadana y un Gobierno feminista volcado es una política que funciona y que salva vidas», apuntó Rosell como una de las causas de la mejoría.