¿Oportunidad o explotación?

El caso fue denunciado por la Oficina Precaria, una organización que durante años ofreció asesoría jurídica a jóvenes que caían en las redes de un entramado laboral donde, según la oficina, «el fraude de sustituir puestos de trabajo con becarios es demasiado habitual». Aquellas diez universitarias devenidas en dependientas forman parte de un ejército de miles de jóvenes que viven a medio camino entre las aulas y la oficina, sin saber muy bien si todavía son estudiantes o ya se han convertido en trabajadores. El suyo es un limbo ocupado por un número indeterminado de seres que se desviven por un empleo sin estar muy seguros de su condición. Unos creen que están siendo explotados, otros dan gracias por su suerte.

No se sabe muy bien cuántos son. Una cantidad aceptada hasta ahora era de 150.000. Estos serían los jóvenes que realizan prácticas universitarias en empresas, pero ayer el sindicato CC OO elevó esta cifra por encima del millón. En lo que todos coinciden es que solo unos 70.000 tienen visibilidad porque perciben una contraprestación económica por su actividad y cotizan a la Seguridad Social. El resto, los no visibles, trabajan por amor al aprendizaje.

Estos datos, que provienen de diferentes fuentes y años, están plasmados en la exposición de motivos de la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas que Unidos Podemos presentó en el Congreso el pasado mes de julio. El texto, a punto de entrar a debate en la Comisión de Educación, ha reavivado el debate social sobre los llamados 'falsos becarios' o 'becarios en fraude', los que ocupan puestos de trabajo sin condiciones y derechos mínimos adecuados.

El anteproyecto sostiene que «el uso en fraude generalizado de las prácticas y su laxa regulación» han creado para el colectivo de becarios universitarios «una barrera de entrada en el mercado laboral en condiciones de trabajo dignas, abocándolos a encadenar prácticas sin los derechos propios de los trabajadores y, en muchas ocasiones, sin remuneración». La propuesta, apoyada por todos los partidos salvo el PP, Ciudadanos y el PNV, plantea medidas como una remuneración de al menos el salario mínimo interprofesional para las denominadas prácticas extracurriculares, limitarlas a un máximo de 500 horas presenciales en la empresa y vincularlas a los planes de estudios.

Estas medidas han sido acogidas con preocupación por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que agrupa a 76 instituciones de enseñanza superior. «Serían contraproducentes», sostiene Nuria Grané, presidenta del grupo de trabajo de empleo de la asociación. Para entender el motivo hay que tener en cuenta que en la universidad existen dos tipos de prácticas. Unas, las curriculares, son obligatorias, cuentan como asignaturas y no están remuneradas. Las otras, las extracurriculares, son de carácter voluntario, no forman parte del plan de estudios, están remuneradas y se regulan mediante un convenio con la entidad formadora.

La intención de vincular las prácticas extracurriculares a los planes de estudio supondría, según la CRUE, su desaparición, lo que crearía «un problema para las universidades y los estudiantes». «Hay numerosas titulaciones que no tienen prácticas curriculares, por lo que sus alumnos no tendrían ninguna posibilidad de hacerlas», afirma Nuria Grané. Además, añade, estas prácticas «tienen muy pocas horas de duración y si se reducen como se pretende, en algunas carreras solo durarían un mes, lo que no da tiempo a las empresas para ver si ese joven funciona o no».

En mayo de 2017 el cocinero Jordi Cruz se mostró a favor de que los becarios trabajen sin cobrar en las cocinas de los grandes restaurantes porque están aprendiendo. Más recientemente, hace poco más de una semana, se ha sabido que el duque de Alba ha publicado un anuncio en el que busca estudiantes de Ingeniería Agrícola para que arreglen gratis el jardín de su palacio en Sevilla. Sobre el cocinero y el duque cayó un aluvión de críticas pero el caso es que los becarios se mostraron conformes con su destino. Para ellos la supuesta explotación que sufrían era una oportunidad única.

«Este es un discurso peligroso», asegura Víctor Reloba, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España. «Los que hacen prácticas sin cobrar en un restaurante de éxito sí van a tener más posibilidades, pero hemos convertido las prácticas en una carrera de fondo que solo se pueden permitir familias pudientes. Lo que hemos hecho -señala- es poner otro escalón hacia el mercado laboral que solo pueden ascender los que pueden permitirse trabajar sin ingresos».

Víctor Reloba habla de «una generación abocada a la autoexplotación». «Muchos becarios no acceden a un empleo para formarse sino para cumplir una función», afirma. Se convierten en mano de obra barata que encadena una práctica tras otra y además tiene que dar las gracias por ello. «España es el segundo país europeo con más becarios pero también ocupa el segundo lugar en paro juvenil, lo que revela un fenómeno muy claro de sustitución de puestos de trabajo», indica Reloba.

Miguel Rodríguez, representante de Oficina Precaria, recuerda el caso de una empresa de diseño de Barcelona en la que trabajaban «la propietaria y quince estudiantes en prácticas». Su organización ha colaborado con Podemos en la elaboración del anteproyecto, con el que se pretende aprobar un Estatuto del Becario con el que impedir situaciones «muy habituales», como las de «empresas que se dedican a firmar convenios de prácticas sin autorización». «Mucha gente acude a entrevistas de trabajo y al final les dicen que es para becario y que tienen que hacer un curso online. La empresa les paga el curso pero ellos tienen que trabajar gratis y encima tienen que dar las gracias. Eso es algo muy común», explica Miguel Rodríguez.

El anteproyecto de ley plantea que las prácticas solo puedan desarrollarse en el ámbito universitario y con el control de los propios centros. Para el representante de Oficina Precaria es una manera de impedir las actividades de «falsas entidades formativas». Por el contrario, para Fernando Martínez, director gerente de la Fundación Universidad-Empresa, la propuesta «se carga de un plumazo las instituciones». «Se les llena la boca hablando de tender puentes entre la universidad y la empresa y quieren cargarse a todos los que hacemos esa labor», se queja.

La fundación gestionó en 2017 más de 5.600 prácticas remuneradas de universitarios con un porcentaje de inserción laboral que ronda el 85%. «Nosotros no creemos en lo gratuito y rechazamos que se concatenen unas prácticas con otras, pero lo que no nos parece bien es que se carguen el carácter formativo de las becas y que las vean como si fueran un fraude encubierto», afirma Fernando Martínez.

Ante todo, niega la mayor. «No hay fraude generalizado ni falta de control», insiste. Y también advierte sobre el riesgo de eliminar las prácticas extracurriculares. «Las curriculares duran poco y se acaban cuando el chico comienza a funcionar. Si el empresario no tiene tiempo de formar a ese alumno se van a cargar las prácticas», dice.