Una auditoría en busca de respuestas

En la comunidad científica, la necesidad de este examen era un clamor. Algunos de los investigadores españoles más prestigiosos publicaron en 'The Lancet' dos cartas, una en agosto y otra en septiembre, en las que reclamaban una «evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales», de la gestión del coronavirus en España y se preguntaban cómo era posible que la covid-19 hubiera golpeado con tanta violencia a un país que se encontraba en el puesto 15 de 195 en el Índice de Seguridad de Salud Global.

Entre los veinte firmantes estaban Alberto García-Basteiro, Margarita del Val, Rafael Bengoa, Juan Jesús Gestal, Daniel Prieto-Alhambra o Helena Legido-Quigley. Pedían que la auditoría no se limitase al Gobierno central, sino que se extendiese a las comunidades autónomas, y buscaban respuestas a la falta de preparación previa del país frente a la pandemia o a la lentitud de las administraciones en la toma de decisiones durante la primera ola, junto con otras cuestiones a las que deberá atender la auditoría encargada por Carolina Darias.

Retraso en decisiones clave

Las advertencias de Sanidad sobre la pandemia fueron tardías. Hasta el 26 de febrero de 2020, el Ministerio, entonces con Salvador Illa al mando, no permitió hacer pruebas PCR a los enfermos que llegaban a los hospitales con síntomas compatibles con la covid-19 salvo que cumplieran unas exigencias muy estrictas. Tampoco se prohibieron grandes concentraciones, como el 8-M, mítines políticos o partidos de fútbol, pese a que el aumento de los casos en la primera semana de marzo era exponencial.

Sin equipos de protección

La auditoría deberá analizar por qué España, pese a ser uno de los primeros países europeos en recibir el ataque de la covid-19, y por tanto, tener más tiempo respecto a los demás, no pudo adquirir en el extranjero los test y el material de protección para el conjunto de la población y sobre todo, para los sanitarios. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, 127.130 profesionales, más del 20% del total de la plantilla, se han contagiado de coronavirus.

Datos oficiales vs. datos reales

Desde el inicio de la pandemia, los datos ofrecidos por Sanidad han sido puestos en tela de juicio. Contraviniendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pedía contabilizar todos los casos con síntomas compatibles con la enfermedad, el Gobierno decidió registrar únicamente aquellos que dieron positivo una prueba, lo que subestimaba tanto las estadísticas de contagios como las de decesos al no disponer, sobre todo en la primera ola, de test suficientes para todos los sospechosos. Así, ahora mismo, mientras el Ministerio computa 3.212.332 casos confirmados de covid-19 y 72.910 fallecidos, otras fuentes oficiales, como el estudio de seroprevalencia, el informe MoMo, del Instituto Carlos III, o el Instituto Nacional de Estadística elevan el número real de contagios por encima de los seis millones y el exceso de mortalidad durante la pandemia más allá de los 90.000 fallecimientos.

Confusión en los mensajes

El 31 de enero, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, responsable de la gestión científica de la pandemia, dijo: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». El 26 de febrero, Simón aseguró: «No es necesario que la población utilice mascarillas». Apenas unas semanas más tarde, los casos se dispararon en España y las mascarillas eran obligatorias. Son dos de los ejemplos de la confusión, o los errores, de los mensajes trasladados por el Gobierno a la opinión pública durante la pandemia.

Desescaladas precipitadas

Hace tres semanas, el 24 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que la desescalada tras el primer estado de alarma se hizo «demasiado rápido». A ello se sumaron la falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades y las restricciones demasiado laxas en Navidad, que dispararon la tercera ola.