Los juzgados investigan 30 causas por el fallecimiento de ancianos en residencias

Las comunidades autónomas en las que los magistrados estudian un mayor número de posibles delitos por el fallecimiento de ancianos son Madrid y Cataluña, con seis instrucciones abiertas en cada una, y Castilla y León y Aragón, con cuatro por región. Se trata de cuatro de los territorios más castigados por la pandemia. Existen investigaciones también en los tribunales de otras cuatro autonomías: Murcia (tres), Extremadura y Castilla-La Mancha (con dos cada una), y Galicia, con una.

No obstante, las judiciales no son las únicas investigaciones por la muerte de ancianos y discapacitados a causa de la epidemia de coranavirus, la mayoría inquilinos de centros y residencias. De hecho, las distintas fiscalías provinciales tienen abiertas ya 240 diligencias de investigación penal como consecuencia de las denuncias presentadas por asociaciones, sindicatos, partidos políticos o particulares por hechos de este tipo, con un aumento de 16 indagaciones previas en la última semana.

Si una vez estudiadas las denuncias el Ministerio Público encontrase indicios de delito, estas diligencias serían entregadas a los juzgados de instrucción correspondientes para judicializar la investigación. En caso contrario, se archivarían, como ha ocurrido en las última semana con sendas investigaciones ya concluidas en Guadalajara y Burgos. Las conductas presuntamente delictivas denunciadas encajarían en tipos como el homicidio imprudente, el abandono de personas incapaces o el maltrato, así como en la omisión del deber de auxilio.

Del total de diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía, la Comunidad de Madrid acumula el mayor número, casi la mitad, con 105, seguida por Cataluña, con 43, por Castilla-La Mancha, con 23, y por Castilla y León, con 21.

Las fiscalías también tiene abiertas 194 diligencias de índole civil dentro del seguimiento que realizan de la situación y afectación por la pandemia de las residencias y centros de mayores y discapacitados distribuidos por el país. Se trata del mismo número de expedientes que había la semana pasada. Tratan de comprobar si existen o no situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.