El Gobierno descarta reformas legislativas para afrontar el fin de la alarma

Uno de esos instrumentos sería la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3 establece que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». En esa y otras normas se apoyaron varias comunidades para decretar cierres perimetrales entre septiembre y octubre del pasado año, tras el estallido de la segunda ola de la covid. Pero las respuestas de los tribunales de justicia a esas medidas limitativas de derechos fundamentales fueron desiguales y fue eso, precisamente, lo que llevó al Gobierno a recurrir de nuevo en diciembre al estado de alarma con un esquema de «cogobernanza».

La contundencia con la que Calvo descarta ahora una alternativa jurídica al marco de excepcionalidad constitucional en el que España ha vivido, de manera interrumpida, nueve meses contrasta con lo que ella misma planteó en mayo del año pasado, cuando aseguró que el Ejecutivo estudiaría modificaciones legales. Un plan B jurídico que acordó con Ciudadanos y Esquerra para obtener la autorización del Congreso a prorrogar el estado de alarma hasta el final de la desescalada y que la comisión de reconstrucción avaló en julio para afrontar futuros rebrotes. Pero la Abogacía del Estado consideró que esta reforma legal no era conveniente y que incluso podría considerarse de dudosa constitucionalidad utilizar legislación ordinaria para restringir derechos fundamentales, como el de reunión.

El PP, por el contrario, considera que sí es necesaria una legislación específica y alternativa al estado de alarma. Los populares llevan casi un año reclamando la reforma de dos viejas leyes orgánicas –la de Medidas Especiales de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa– para crear un paraguas jurídico consistente con el que las comunidades puedan adoptar medidas restrictivas sin autorización judicial. «Tras 100.000 muertos Sánchez sigue rechazado nuestra ley contra pandemias», lamentó PabloCasado, que volvió a tender la mano al jefe del Ejecutivo para diseñar un armazón jurídico alternativo antes del 10 de mayo.

Los conservadores se quedaron solos el pasado noviembre cuando llevaron su propuesta al Congreso, entre fuertes críticas incluso de Ciudadanos y Vox, que cargaron contra una iniciativa «engañosa» y «vacía de contenido jurídico». Los liberales argumentan que solo los estados de alarma, excepción o sitio permiten suspender derechos fundamentales. Por lo tanto, traspasar esa competencia a leyes ordinarias, como propone el PP, equivaldría a permitir que los gobiernos tomasen ese tipo de medidas «sin control alguno».

Algunas comunidades ya han mostrado sus recelos ante el anuncio del Ejecutivo de que no solicitará una prórroga del estado de alarma. Lo hicieron el mismo lunes Andalucía, gobernada por el PP, o Cataluña, con un Gobierno en funciones de Junts y ERC. El lehendakari Iñigo Urkullu lamentó, como el andaluz Juanma Moreno, que Pedro Sánchez no les informara siquiera de sus intenciones antes de hacerlas públicas y cuestionó que, llegado el momento, vaya a ser posible prescindir del marco excepcional que ofrece el artículo 116 de la Constitución. El gallego Alberto Núñez Feijóo llegó a tildar de «doble salto mortal» que se haga sin alternativa jurdica.

También algunas autonomías socialistas expresan en privado sus temores. Otras, como Extremadura o la Comunidad Valenciana creen, en cambio, que es positivo que haya «un horizonte» de salida.