La Alborada suspende de empleo y sueldo a tres auxiliares investigadas por posibles tratos vejatorios

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Es ahora, tras la lectura de los informes y la aportación de datos por parte de la empresa sobre el personal que trabajó en tales fechas, cuando la residencia ha llegado a conocer tanto la identificación concreta de las presuntas autoras como el «alcance», dicen, de los hechos documentados en la denuncia, posibles maltratos que ya ha calificado como «execrables», «absolutamente condenables» y «manifiestamente impropios de quien tiene a su cuidado a personas especialmente necesitadas de atención y cariño». La Alborada lamenta «muy profundamente» los presuntos delitos investigados y, de hecho, traslada su intención de ejercer la acusación particular, sumándose así a la postura de las familias y, quizá -porque aún lo están estudiando-, la del Ayuntamiento de Torrelavega.

La suspensión de empleo y sueldo a dichas auxiliares sigue a otras «medidas de prevención» adoptadas en enero, en cuanto la dirección tuvo conocimiento de las pesquisas. Ya en aquel entonces, tras mantener sendos contactos con la Consejería de Políticas Sociales y las familias «lamentando los hechos denunciados», el centro «activó su protocolo de malos tratos» y «cambió de destino al personal adscrito a la planta donde presuntamente tuvieron lugar los mismos».

El relato alrededor de aquellos cambios y la «actitud de colaboración y escucha» que sostiene la empresa viene dejando dos versiones diferentes desde entonces: la de la residencia, que comprende el malestar de las familias, pero dice no compartir «las graves acusaciones que se han vertido contra el funcionamiento general del centro»; y la de las denunciantes, que reprochan el «oscurantismo» y la «falta de predisposición» de sus responsables. «Si las familias afectadas hubieran puesto estos hechos en conocimiento de los responsables de la entidad nada más conocerlos se hubiera actuado de manera inmediata para proteger a los usuarios afectados y se hubieran puesto en conocimiento de las autoridades, tal como recoge nuestro protocolo de prevención de malos tratos», explican desde la residencia; «su actitud siempre fue la de restarle importancia a los hechos», contraponen las hijas de las presuntas víctimas. Según la empresa, la relación con una de las familias venía atravesando un «largo período de desavenencias», motivo por el cual le fue ofrecido un traslado de centro en noviembre.

Una de las máximas que la Alborada viene sosteniendo de forma taxativa desde que el caso salió a luz es que las actuaciones judiciales se refieren a «personas físicas concretas» y no a la institución, que «no es objeto de investigación ni podría serlo», como subrayan: «No es justo convertir este desagradable episodio en una causa general sobre la labor de la residencia», un centro que «lleva casi 20 años prestando un servicio que creemos de calidad y cumpliendo en su integridad la normativa aplicable al sector».