El Ayuntamiento embarga los alquileres de una constructora a la que reclama 366.249 euros

Tras la llegada de la crisis, a finales de la primera década de este siglo, la promotora solo logró vender 5 de los 46 pisos que integran el inmueble. Después de varios años en los que la urbanización estuvo semivacía, consiguió alquilar una treintena, en algunos casos a precios reducidos (menos de 300 euros al mes) porque los propios inquilinos tuvieron que hacer frente a la instalación de la cocina, algún radiador o solventar problemas con otros servicios básicos.

El Ayuntamiento, como otras administraciones afectadas por los impagos –la Agencia Tributaria está realizando pasos similares–, abrió un expediente para intentar cobrar la deuda. Después de agotar sin éxito otras vías, el servicio de Recaudación notificó a los inquilinos el pasado mes de enero que había declarado embargados los alquileres y que a partir de entonces tenían que ingresar el dinero en una cuenta municipal.

Según el concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Borja Sainz, una representación municipal mantuvo un primer encuentro con los afectados el 11 de febrero. En la reunión los vecinos les informaron sobre las «presiones» que estaban recibiendo por parte de la constructora para que no ingresaran el dinero en el Ayuntamiento y la representación municipal se comprometió a ayudarlos: «A los que se les acaba el contrato antes de junio, les derivamos a la Oficina Municipal de Mediación, dado que tienen derecho a una prórroga de seis meses, gracias a las medidas que adoptó el Gobierno durante la pandemia».

Sainz señala que también se han puesto en contacto con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), dado que inició en 2020 un proceso judicial de ejecución hipotecaria para hacerse con la propiedad de las viviendas. Tanto el Consistorio como la Consejería de Políticas Sociales han decidido personarse como parte interesada en el proceso, con el fin de agilizar los trámites. Entienden que los acuerdos con la entidad bancaria –controlada por el Estado– serán más factibles para que los inquilinos puedan seguir viviendo en el edificio de Barreda.

El edil del área también destaca las gestiones que han realizado ante el servicio municipal de Recaudación, para que se haga cargo de los pagos de las cuotas de los afectados a la comunidad de propietarios del inmueble, dado que ese dinero «no estaba llegando a su destino». Los responsables del Ayuntamiento mantienen contacto directo con los inquilinos y se entrevistaron con ellos por última vez el pasado 18 de marzo, lo que evitó que se personaran en la última sesión plenaria de la Corporación para pedir más ayuda, según ha informado a este periódico el presidente de la Asociación de Vecinos de Barreda, José Gómez.