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El consejero de Salud calificó ayer de «extrema gravedad» el caso de las cuatro trabajadoras del Hospital Sierrallana condenadas a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por coacciones a compañeros entre 2011 y 2019. César Pascual explicó que tuvo conocimiento de ... los hechos «hace unos meses», cuando llegó al cargo, y que de momento «no se puede abrir» ningún expediente administrativo contra ellas «hasta que la Justicia resuelva». Es decir, hasta que la sentencia sea firme, ya que la intención de las condenadas es recurrir ante la Audiencia Provincial el fallo del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander.
Por su parte, los sindicatos aseguran que el problema «era conocido por todos» y acusan a las diferentes gerencias que han estado al frente del hospital de Torrelavega durante estos años y a los diferentes gobiernos de Cantabria de «haber mirado para otro lado».
Pascual no ahorró en calificativos cuando fue preguntado por el asunto durante la rueda de prensa del nuevo plan para el cribado del cáncer de colon en la que participaba. «Es una sentencia de unos hechos totalmente lamentables y condenables», respondió. «Si recurren, la Administración no podrá tomar decisiones, por el momento. Se podrá abrir un procedimiento administrativo cuando haya resuelto», añadió. Eso sí, también desveló las posibles consecuencias en caso de que las cuatro trabajadoras sean finalmente condenadas una vez que la sentencia sea firme. «En este caso, el resultado del proceso administrativo suele ser la pérdida de la condición de personal estatutario», aseveró.
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Quien no se pronunció fue la gerencia del Hospital Sierrallana, pese a la petición realizada por este periódico, ya que a juicio del Gobierno regional el consejero de Salud ya se había manifestado.
La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander fue el tema estrella de conversación en los pasillos del centro hospitalario torrelaveguense y también en todo el ámbito sanitario de Cantabria: la condena a cinco años y tres meses de cárcel a tres trabajadoras del laboratorio (técnicos del departamento de Anatomía Patológica) y a una cuarta, a tres año y medio, por hasta media docena de delitos de coacciones hacia compañeros del servicio. Además, les ha impuesto multas de 14.400 euros a cada una de ellas, que además deberán indemnizar a las denunciantes con 14.624 euros. La intención de las condenadas es recurrir ante la Audiencia Provincial. Para la magistrada Eva Aja Lavín, ha quedado probado que de 2011 a 2019 las cuatro «fueron formando un grupo ligado por una íntima amistad, que funcionaba como grupo de presión y de poder sobre el resto de personas que fueron trabajando en el laboratorio».
«Es una sentencia de unos hechos lamentables y condenables. Se podrá abrir un proceso administrativo cuando resuelva la Justicia»
«Todos en el ámbito sanitario eran conocedores de la magnitud del problema y no han hecho nada»
«Las gerencias sabían que había problemas serios. Tenían que haberlo solucionado y cortado»
«Era algo súper conocido desde el primer día», explica José María Fernández Cobo, delegado de la Junta de Personal del Hospital Sierrallana durante más de veinte años, primero con USO y luego con UGT. Desde el 27 de diciembre está jubilado. «Yo hice una denuncia a la entonces Consejería de Sanidad entre 2018 y 2019, que envió a una inspectora que a su vez hizo un informe y llamó a declarar a todo el mundo que estaba implicado», relata. «Este informe -continúa- fue incluso más demoledor que la propia sentencia. Ella ya vio indicios de delitos penales de gran gravedad, por lo que lo que lo trasladó a la Fiscalía. De ahí, a los juzgados hasta que esta semana se ha resuelto por fin».
Lo que más molesta a Fernández Cobo es que «desde 2011 se le fue transmitiendo a todas las gerencias y también a las direcciones médicas que ha tenido en este tiempo el hospital. Antes de jubilarme se lo comenté personalmente a la actual gerente del Hospital Sierrallana (Yolanda Montenegro). El director médico actual también es partícipe, al haber mirado hacia otro lado. Todos eran conocedores y nadie ha hecho nada», concluye.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se pronunció. «Debemos ser cautos, aunque sí sabíamos que en ese servicio había problemas. Lo que desconocíamos era la dimensión, sobre todo tras conocer que la sentencia habla hasta de cárcel», explica Margarita Ferreras, secretaria general en Cantabria del área de Sanidad. «El problema era conocido por las gerencias y las direcciones. Sabían que había problemas serios en ese servicio y, en cierta manera, afectaba al trabajo de otros. El problema era vox populi y las gerencias miraron para otro lado. Tenían que haber tratado de solucionarlo y de cortarlo. Era su responsabilidad», subraya.
La jueza considera en la sentencia que las condenadas habían creado un grupo de poder para funcionar y trabajar a su manera. Además, expone que «faltaban al respeto de manera constante» con canciones y vídeos referidos a la orientación sexual de alguno de sus compañeros, con sorna y ánimo de ridiculizar con expresiones como «alguien no se ha duchado»; «chicas aquí huele mal»; «has comido macarrones con chorizo, a alguien le gusta mucho el chorizo», referido a una compañera que se había pintado los labios de rojo; «tiene pelos de loca», riéndose de la forma de vestir de alguna de ellas; grabándose con la ropa de las denunciantes y profiriendo insultos como «insecto, gorda, tu marido es un cornudo y pintando monigotes sacando la lengua».
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