La Fiscalía solicita la declaración de cuatro trabajadoras de la Alborada en el juzgado

Solventado este procedimiento, comenzará el juicio y, con él, el esclarecimiento de unos hechos sobre los que, según avanzan las familias, existen pruebas e indicios de sobra. Los parientes, que se personarán como acusación particular en los próximos días, señalan «falta de vigilancia» por parte de la residencia y aseguran que las acusaciones se refieren a «vejaciones no sólo verbales»; la Alborada, por su parte, explica que, «de acreditarse finalmente como ciertos», los supuestos malos tratos «resultarían imputables a una persona o personas concretas e individualizadas», no a la institución.

Han pasado cerca de cuatro meses desde que las familias acudieron a los tribunales para denunciar la existencia de unos presuntos tratos vejatorios contra sus mayores. Desde entonces, su testimonio y el de la residencia han estado completamente enfrentados. La Alborada insiste en que prestará una colaboración activa e implicada para favorecer el esclarecimiento de los hechos. Las familias niegan la existencia de tal comportamiento, llegando a reprochar la «ausencia total de medidas efectivas», el «incumplimiento absoluto de las responsabilidades» y el «mutis» de una dirección que, según relatan, «no ha mantenido ni una sola conversación o reunión» con los denunciantes.

Su reproche no va dirigido sólo a la residencia sino a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, a la que acudieron en un principio. Las familias urgen medidas «efectivas» para «garantizar el bienestar del conjunto de residentes» de este centro concertado, en el que habitan cerca de 120 mayores. «Las inspecciones han de ir más allá de la revisión de protocolos en papel y el cumplimiento de ratios. Son nuestros abuelos y familiares con quienes trabajan, no meros números o papeles», clamaron las denunciantes a principios de abril, disgustadas con el «nulo impacto» de las visitas en el día a día de la residencia y el bienestar de los mayores.

Uno de los dos usuarios a los que, en calidad de presunta víctima, se refiere la denuncia falleció la semana pasada a los 85 años en el centro al que fue trasladado, tras el trámite del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) y por recomendación de la Fiscalía. La pérdida de este familiar lleva a las denunciantes a «seguir exigiendo justicia y ahora con más motivos», según declaran.

El ilícito de tratos degradantes contempla entre seis meses y dos años de cárcel en el Código Penal (art. 173.1) hasta tres cuando las víctimas son vulnerables o están bajo custodia o guarda en una residencia (art. 173.2).