PRC y PSOE cambian el reglamento del Ayuntamiento de Torrelavega, un «chanchullo» para la oposición

La Corporación de Torrelavega aprobó este martes definitivamente, tras un tenso debate, modificar el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento. Es la quinta vez que esto ocurre desde que se puso en marcha el reglamento interno en 2008 y la primera que se hace sin ningún consenso. El equipo de gobierno (PRC-PSOE), que tiene mayoría absoluta, afirma que con los cambios se va a mejorar la gestión. Sin embargo, para toda la oposición (PP, Vox, TS y IU-P) es un «chanchullo» para limitar su labor fiscalizadora y una manera encubierta de que regionalistas y socialistas se vuelvan a subir los sueldos.

Hasta ahora el articulado había sido modificado respecto al funcionamiento del Grupo Mixto, que finalmente fue suprimido en 2019, y el contenido de las ordenanzas de Transparencia y Administración Electrónica. En esta ocasión se ha apreciado la necesidad de ordenar y regular de manera más «racional» los tiempos de intervención de los grupos políticos y el turno de ruegos y preguntas durante las sesiones plenarias; permitir la existencia de cargos (concejales) en régimen de dedicación parcial hasta el límite del 75%, frente al 50% actual; establecer en un plazo de dos días hábiles la antelación mínima de la convocatoria de las Comisiones Informativas, al igual que figura en la normativa estatal.

También se va permitir la elección de alcalde mediante votación ordinaria, dejando de ser exclusivo el sistema de votación secreta. Igualmente, la propuesta incluye otras cuestiones de carácter técnico, como la actualización de la normativa, por ejemplo en el caso de la Ley de Protección de Datos; ajustar el plazo de constitución de la Junta de Gobierno Local a los diez días hábiles fijados en la normativa estatal y suprimir las menciones a organismos autónomos ya derogados, como el Instituto Municipal de Deportes o la Gerencia de Urbanismo.

La concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos, Laura Romano (PSOE), señaló que estos cambios van a dar más «facilidad y agilidad» al día a día municipal, y no deben coger «por sorpresa» porque ya se aplican en otros ayuntamientos. El portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, los tachó de «razonables» y dijo que no tratan de limitar «ni la democracia ni el control del resto de grupos».

El portavoz del primer partido de la oposición, Miguel Ángel Vargas (PP), intervino con dureza: «Esto no deja de ser un chanchullo para limitar la actividad y los derechos de la oposición en el ejercicio de nuestro trabajo, que es controlar la acción del equipo de gobierno. Es un chanchullo tanto en las formas como en el fondo». Vargas hizo hincapié en que es la primera vez que se modifica el reglamento interno «sin consultarlo con nadie y con todos los grupos de la oposición en contra». «Eso quiere decir –añadió– despotismo, pero no ilustrado. Es su forma de gobernar. Además, esta vez lo hacen para tapar lo que realmente encubren, una subida de sueldos en el equipo de gobierno».

Roberto García Corona, portavoz de Vox, se manifestó en la misma línea: «Es una imposición para manejar el reglamento y sacarle beneficio, dificultando la labor de los grupos de la oposición, en este caso los más pequeños. También creemos que es una subida encubierta de sueldos para el equipo de gobierno. Lamentamos la falta de consenso y el intento de asfixiar a la oposición».

Igualmente, Arturo Roiz, de Torrelavega Sí, lamentó la falta de diálogo a la hora de cambiar una norma «fundamental» en el Ayuntamiento. Además, dejó claro que ellos son un grupo pequeño (dos concejales) y «esto dificulta nuestra labor». «Es un intento de ahogar a la oposición», afirmó. El único edil de IU-Podemos, Borja Peláez, calificó el reglamento interno como un documento «trascendental» para el Consistorio y lanzó una pregunta: «¿De verdad álguien considera democrático que un documento así sea modificado de forma unilateral y con toda la oposición en contra?». Peláez recordó al equipo de gobierno que logró la mayoría absoluta «in extremis» y debe buscar «amplios consensos» para dotar a la ciudad de un «horizonte».

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