Los residentes del edificio apuntalado anuncian más movilizaciones porque su situación es «catastrófica»

Todo comenzó cuando el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) encargó a la empresa AC1 Plus la construcción de un Punto de Encuentro Familiar en la planta baja del inmueble. Los residentes no tardaron en protestar porque aparecían grietas en sus viviendas y una de las propietarias llevó el asunto al juzgado, que le dio la razón. Ante su éxito, la comunidad de vecinos siguió el mismo camino, pero esta vez la sentencia, fechada el pasado mes de abril, fue contraria. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desestimó la demanda que presentaron contra el Icass y AC1 Plus, tras considerar que las vibraciones provocadas por las obras del Punto de Encuentro Familiar, realizadas en 2019, no supusieron la licuefacción del suelo y el asentamiento de la edificación.

El fallo señala también que las viviendas situadas en la vertical del local del Icass no sufrieron daños, contrariamente a lo ocurrido en las que se encuentran más alejadas. Según la sentencia, las grietas y desperfectos se remontan a 2016 y el asentamiento del inmueble que se detecta principalmente en uno de los pilares ha sido la causa de los daños, tras superarse la tensión que la edificación repercute sobre el terreno.

Pero ese no fue el único revés que sufrieron los afectados, dado que también fueron condenados a pagar las costas del juicio y las primeras facturas les acaban de llegar. El procurador que actuó en representación de AC1 Plus les ha pasado una minuta de 1.835 euros y la abogada de la constructora otra, pero más elevada (23.309 euros), cifras que han sembrado la «alarma» entre los nueve propietarios de la escalera.

«Tenemos un problema gordo», afirman Lourdes Verdeja y Nieves Ibáñez, dos de las afectadas. «En el juicio –explican– no nos permitieron ni declarar ni llevar testigos y ahora nos condenan a pagar esto a vecinos mayores con pensiones mínimas. Será legal, pero también vergonzosamente inmoral. Estamos indignados».

Mientras tanto, las grietas «se han vuelto a abrir» y el edificio «no deja de moverse». Además de estar apuntalados un bajo y un piso, el ascensor sigue «bloqueado» por seguridad. «Hay una familia que ya no puede salir de casa y le seguirán otras, porque somos gente mayor y enferma», apuntan. Ellas sigue pidiendo «justicia» y no entienden como «unos jueces dicen una cosa y otros la contraria con las mismas pruebas».

El Ayuntamiento se comprometió a reparar las viviendas, pero llegarán más facturas porque lo hará de forma subsidiaria. «Nos han puesto la soga al cuello. Políticos y jueces están cortados por el mismo patrón», afirma Ibáñez, mientras Verdeja anuncia que acudirán al Defensor del Pueblo y espera respaldo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Reconoce, no obstante, que hay tensiones internas en la comunidad de vecinos tras cinco años de lucha.